El fiscal eleva la petición de pena para Del Nido a 30 años de prisión

Así, el ministerio público acusa a Del Nido de los delitos de  prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos,  delito societario, falsedad documental y deslealtad profesional --por  el que solicita cuatro años de inhabilitación para ejercicio de  abogado--; todos ellos continuados; así como fraude y tráfico de  influencias. Además, solicita penas de inhabilitación especial para  cargo y suspensión para empleo público.
El fiscal ha explicado en la Sala que en el nuevo escrito, de unos  260 folios, se modifica la participación de Del Nido, al considerar  que "tenía un dominio" del hecho delictivo "que impide la  atenuación", por lo que las penas en los delitos de prevaricación y  malversación de caudales, "que son los principales", se agravan y se  equiparan a las pedidas para el exalcalde Julián Muñoz. La Fiscalía  sostiene que Del Nido habría participado en la toma de decisiones.
Respecto a Muñoz, también se eleva la petición de cárcel, de 16  años y medio a 28 años de prisión, según fuentes fiscales, con una  inhabilitación especial para cargo público de 18 años, al margen de  la inhabilitación absoluta y la suspensión de empleo. Así, se le  acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y  delito societario, todos con carácter continuado; de fraude y de  prevaricación de órgano colegiado.
Asimismo, la acusación pública elimina el delito de asociación  ilícita, que afectaba a Del Nido, a Muñoz y a otros acusados, y el de  malversación de bienes inmuebles; aunque se introduce uno nuevo de  fraude, que afecta a ambos y a la letrada y exmujer del presidente  del Sevilla, Angeles Carrasco; y de tráfico de influencias, sólo para  el letrado, en relación con la segregación del núcleo poblacional de  San Pedro Alcántara.
Tanto el ministerio público como el letrado del Ayuntamiento de  Marbella, personado en este caso, han retirado la acusación sobre uno  de los 17 procesados, Antonio Calleja, auditor-contable de una  sociedad municipal, por lo que el presidente del Tribunal, Carlos  Prieto, le ha informado de que la Sala dictará sentencia absolutoria  respecto a él. El Consistorio ha retirado la acusación también para  otras dos personas, como son los exediles Juan Flores y Tomás  Reñones.
Respecto a estos dos y a la también exconcejala Marisa Alcalá, el  fiscal mantiene la acusación pero pasan a un tipo atenuado, lo que  supone se cambia la pena solicitada. También se mantiene la acusación  para el exasesor de Urbanismo y responsable de la sociedad municipal  Planeamientos 2000, Juan Antonio Roca, para el que solicita seis años  de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, por un delito de  malversación.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzó el 6 de abril  de 2010 las sesiones del juicio, en el que Del Nido estuvo declarando  durante 10 jornadas. Tras el interrogatorio de los procesados durante  tres meses, la vista oral entró en la fase testifical, que finalizó  la pasada semana con los últimos testigos. Está previsto que ahora  presenten las defensas sus conclusiones y que el día 31 exponga su  informe final el fiscal. La causa se inició por la querella presentada por la Fiscalía  Anticorrupción en 2006, tras analizar el informe de fiscalización del  Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio. El ministerio fiscal ha  sostenido durante todo el proceso que la contratación de los  servicios profesionales de Del Nido, sobre todo para ese proceso de  fiscalización, "estuvo basada exclusivamente" en la voluntad del  entonces alcalde, Jesús Gil, "sin" el preceptivo expediente.
Así, ha considerado que se le adjudicaron los servicios y el  ejercicio de las acciones concretas "mediante decretos inmotivados" y  que se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva,  al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto  desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas  municipales", con un comportamiento "despatrimonializador" y con  encargos "costosos".