El fiscal acusa a un hombre de violar a sus dos hijos pequeños
Un matrimonio de la capital tendrá que responder por unas acusaciones gravísimas. La Fiscalía estima que el hombre violó a sus dos hijos —un niño nacido en julio de 2008 y una niña en septiembre de 2005— en repetidas ocasiones. Y considera que la madre sabía lo que ocurría y, en ningún momento, hizo nada por evitarlo. El Ministerio Público acusa a Ramón C. P. y a Manuela L. G. de dos delitos continuados de agresión sexual y pide una condena de 24 años de cárcel para cada uno de ellos.
El escrito de acusación del Ministerio Público es durísimo porque relata unos hechos escalofriantes. Explica que el progenitor sometió a su hija “a diferentes prácticas sexuales”, que abarcan desde las relaciones completas hasta el hecho de introducirle objetos por el ano y los genitales: “Haciéndole evidente daño que hacía sangrar a la menor”, sostiene la fiscal Montserrat de la Calle Paunero. Presuntamente, hacía lo mismo con su hijo menor, “al que también hacía llorar de dolor”.
El Ministerio Público aclara que la madre conocía los abusos de los que eran víctimas sus hijos pequeños. “En ningún momento, procedió a impedir o evitar la consumación de dichos actos ilícitos”, remarca el escrito de acusación provisional. Es más, agrega que, en ocasiones, observaba las supuestas agresiones sexuales desde el umbral de la puerta de la habitación. “Se que daba inmóvil sin impedirlo”, explica la Fiscalía. Y añade: “A la niña le decía que no contara nada a nadie”.
Los hechos ocurrieron, presuntamente, antes del 2 de marzo de 2011. En esa fecha, los menores fueron declarados en situación de desamparo por la Junta de Andalucía. Los servicios sociales tomaron esa decisión al observar “numerosos factores de riesgo” en la familia. Desde entonces, pasaron por numerosos centros de protección de menores hasta que fueron acogidos por unos padres adoptivos.
Los niños, que en la actualidad tienen 10 y 7 años, presentan sentimientos de miedo, según los psicólogos que los han tratado. Los pequeños sufren “alteraciones graves en el área sexual y daño severo en áreas emocionales”. De hecho, los especialistas aconsejan que no acudan al juicio, porque el interrogatorio podría conllevar un agravamiento de su estado. La Fiscalía acusa a los progenitores de dos delitos continuados de agresión sexual y reclama una condena de 24 años de cárcel para cada uno —el máximo castigo—, una indemnización de 20.000 euros, veinte años más de alejamiento a contar desde que salgan de prisión y la pérdida definitiva de la patria potestad.
Se da la circunstancia de que el padre, Ramón C. P., es hermano de Antonio, el niño que fue brutalmente violado y asesinado en 1998 en el conocido como crimen del olivar. Durante la instrucción de la causa, el hombre ha negado sistemáticamente haber abusado de sus hijos, tal y como explican las fuentes judiciales consultadas.
El escrito de acusación del Ministerio Público es durísimo porque relata unos hechos escalofriantes. Explica que el progenitor sometió a su hija “a diferentes prácticas sexuales”, que abarcan desde las relaciones completas hasta el hecho de introducirle objetos por el ano y los genitales: “Haciéndole evidente daño que hacía sangrar a la menor”, sostiene la fiscal Montserrat de la Calle Paunero. Presuntamente, hacía lo mismo con su hijo menor, “al que también hacía llorar de dolor”.
El Ministerio Público aclara que la madre conocía los abusos de los que eran víctimas sus hijos pequeños. “En ningún momento, procedió a impedir o evitar la consumación de dichos actos ilícitos”, remarca el escrito de acusación provisional. Es más, agrega que, en ocasiones, observaba las supuestas agresiones sexuales desde el umbral de la puerta de la habitación. “Se que daba inmóvil sin impedirlo”, explica la Fiscalía. Y añade: “A la niña le decía que no contara nada a nadie”.
Los hechos ocurrieron, presuntamente, antes del 2 de marzo de 2011. En esa fecha, los menores fueron declarados en situación de desamparo por la Junta de Andalucía. Los servicios sociales tomaron esa decisión al observar “numerosos factores de riesgo” en la familia. Desde entonces, pasaron por numerosos centros de protección de menores hasta que fueron acogidos por unos padres adoptivos.
Los niños, que en la actualidad tienen 10 y 7 años, presentan sentimientos de miedo, según los psicólogos que los han tratado. Los pequeños sufren “alteraciones graves en el área sexual y daño severo en áreas emocionales”. De hecho, los especialistas aconsejan que no acudan al juicio, porque el interrogatorio podría conllevar un agravamiento de su estado. La Fiscalía acusa a los progenitores de dos delitos continuados de agresión sexual y reclama una condena de 24 años de cárcel para cada uno —el máximo castigo—, una indemnización de 20.000 euros, veinte años más de alejamiento a contar desde que salgan de prisión y la pérdida definitiva de la patria potestad.
Se da la circunstancia de que el padre, Ramón C. P., es hermano de Antonio, el niño que fue brutalmente violado y asesinado en 1998 en el conocido como crimen del olivar. Durante la instrucción de la causa, el hombre ha negado sistemáticamente haber abusado de sus hijos, tal y como explican las fuentes judiciales consultadas.
