El exalcalde de La Línea declara por el caso Roseworld

El ex alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz) Juan Carlos  Juárez (PP) ha declarado en la Sección de Algeciras de la Audiencia  Provincial por el caso Roseworld, asegurando a la fiscal  Anticorrupción que 'no estaba ni en la mesa de contratación ni en el  Pleno' que adjudicó las parcelas municipales a la empresa y en cuyo  proceso se cometieron, presuntamente, delitos de cohecho,  prevaricación y otros.

    18 ene 2011 / 17:48 H.

    Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, Juárez  no ha contestado a las acusaciones particulares. Además, ha  manifestado que sí "concedió plazos a Roseworld para el abono de las  cantidades correspondientes por las parcelas" e incluso abrió la  posibilidad de "resolver el contrato si no se aprobaba el Plan  General de Urbanismo". Asimismo, ha  asegurado que todo lo hizo  "porque nadie me decía que no" y que seguía las recomendaciones de  "los técnicos municipales". 
    El ex alcalde ha negado que su intención fuese beneficiar a la  empresa Roseworld en perjuicio de otras que aspiraban a la concesión  de las parcelas municipales en el año 2005. "En todo caso lo que hice  era lo que me decían los técnicos municipales de la Mesa de  Contratación", ha insistido.
    Igualmente, ha declarado el ex concejal de Hacienda, entonces  gerente de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, que tampoco ha contestado a  las preguntas de las acusaciones particulares. No obstante, a  preguntas de la Fiscalía ha asegurado que ni él ni sus decisiones  "pretendían beneficiar a Roseworld". Además, ha afirmado que las  parcelas no se adjudicaron a Promaga, sociedad de la ciudad, "porque  en ese momento no estaba al corriente de pago en la Seguridad  Social".
    El juicio se reanuda este miércoles en doble sesión de mañana y  tarde, estando previsto que quede visto para sentencia en la jornada  del jueves. Antes, declararán varios concejales y técnicos del  Ayuntamiento linense. El ex alcalde linense se enfrenta a cuatro años de prisión por  prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros, así como una  pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público  durante ocho años y medio.