El domicilio familiar tendrá más peso que el laboral en el proceso de escolarización

Así lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al  Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Francisco Alvarez de  la Chica, quien ha explicado que esta "actualización" de los  criterios de baremación responde, entre otros factores, a que durante  los últimos años ha descendido considerablemente el número de padres  que solicitaban plaza escolar cerca de su zona de trabajo. De hecho,  el curso pasado solo el 6 por ciento de las familias hizo valer el  domicilio laboral en su solicitud que, para el nuevo curso 2011-2012,  se seguirá valorando con 10 puntos. En este descenso también ha  influido, según el consejero, el aumento de los servicios de aula  matinal, comedor y actividades extraescolares.
El nuevo decreto regulador de la escolarización en los centros  escolares sostenidos con fondos públicos aprobado este martes también  aumenta la puntuación por zonas limítrofes al domicilio familiar, que  pasa de 6 a 8 puntos, y la que se otorga a los padres o madres que  trabajan en el mismo colegio o instituto que sus hijos (de 3 a 4  puntos). Aún así, la mayor puntuación que Educación otorgará a las  familias en el próximo proceso de escolarización seguirá siendo por  hermanos, que asciende de 13 a 16 puntos.
Eso sí, la Consejería ha "precisado" el concepto de hermanos y de  familia monoparental para adaptar ambos a la "nueva realidad" social.  De este modo, se entenderá como hermanos, en palabras de Alvarez de  la Chica, a "los hijos de dos cónyuges, con independencia de si lo  son de los dos desde el punto de vista de la procreación". También  serán considerados hermanos los hijos de las parejas de hecho y a los  menores sometidos a tutela o acogimiento familiar legalmente  constituido dentro de la misma unidad familiar.
Respecto a la familia monoparental, se entenderá como aquella en  la que la patria potestad del alumno esté ejercida por una sola  persona, o aquella en la que exista una orden de alejamiento de una  de las personas que conforman la pareja respecto a la otra con la que  convive el alumno. Con esta "actualización", y pese a que el  ordenamiento jurídico español "aún no tiene bien definido" este  concepto, la Administración educativa ha intentado "aproximar" la  monoparentalidad "a la realidad más prevalente". 
La entrada en vigor de este nuevo decreto también supondrá la  puesta en marcha de lo que Educación ha venido calificando meses  atrás de "escolarización pública única" y que permitirá a las  familias reservar plaza, de una sola vez, para todos los centros  donde los hijos se matricularán a lo largo de su vida escolar.
Así, las familias que lo deseen y que quieran acogerse a un  "trayecto escolar garantizado" desde que su hijo accede por primera  vez al sistema educativo andaluz con 3 años hasta que termina el  Bachillerato, podrán hacerlo desde el próximo 1 de marzo. Además,  dado que el procedimiento de admisión se limita al momento del acceso  al sistema educativo y no se exige en las etapas posteriores, la  medida supone también una simplificación de trámites, una mayor  información sobre el itinerario escolar y una "garantía" para la  permanencia del alumnado que permite hacer valer la matriculación de  hermanos mayores a efectos de la baremación.
En lo relativo al alumnado con necesidades específicas, el decreto  asegura su escolarización normalizada a través de la obligatoriedad  de reservar tres plazas por clase en cada colegio e instituto, sean  éstos públicos o concertados. Esta reserva de las plazas será  efectiva durante "todo el proceso de matriculación", si bien, cuando  éste termine dichas plazas se otorgarán a los alumnos a los que, por  puntuación, les correspondan.
Con ello, la Administración educativa pretende "equilibrar", entre  otros colectivos, al alumnado inmigrante, ya que, en la actualidad,  el 92 por ciento del mismo está matriculado en centros públicos y  solo el 8 por ciento restante cursa estudios en los concertados.  "Siendo el 79 por ciento el peso de la escuela pública en el sistema  educativo andaluz y el 21 por ciento la concertada, se trata de  equilibrar esto y evitar que pudiera haber, si los hay, centros que  elijan a las familias y no las familias las que elijan los centros",  ha recalcado el consejero.
En los casos del alumnado con discapacidad cuya atención requiera  recursos muy específicos de difícil generalización, la Consejería de  Educación deberá ofrecer a las familias una plaza en el centro  educativo que mejor garantice la respuesta más adecuada. 
La norma aprobada este martes también refuerza el papel de las  Comisiones de Escolarización, que pasan a denominarse Comisiones de  Garantía. Integradas por personal de las delegaciones provinciales de  Educación y representantes de centros, padres y madres, profesorado y  entidades locales, estos órganos se encargarán de velar por el  cumplimiento de las normas de escolarización y garantizar el  principio de igualdad de oportunidades.
En el aspecto disciplinario se introduce un endurecimiento de la  penalización en caso de comprobar que las solicitudes de admisión  incluyen datos y documentos que no se corresponden con la realidad  familiar. Para este supuesto, y como novedad frente a años  anteriores, la norma establece la pérdida de todos los derechos de  prioridad al centro pedido y no solo, como hasta ahora, de los puntos  referentes a la parte de la baremación donde se detecta el fraude. Y  todo ello, según ha enfatizado el consejero, para que el proceso de  escolarización se realice con "mayor transparencia, con más garantías  que nunca y con más accesibilidad para las familias".
Precisamente para potenciar estos últimos aspectos, el nuevo  decreto de escolarización se completa con diversas disposiciones  dirigidas a simplificar los trámites y aumentar la transparencia en  el proceso a través del uso de medios telemáticos. De este modo, en  las solicitudes ya no será necesario aportar documentos cuya  información pueda recibir directamente la Consejería de Educación de  otras administraciones, como por ejemplo, la declaración de la renta  (Agencia Tributaria), los certificados de residencia (Instituto  Nacional de Estadística) o los certificados de discapacidad o familia  numerosa (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social).