El Defensor del Pueblo archiva “su” queja por el no uso del tranvía
El Defensor del Pueblo Andaluz archivó la actuación de oficio abierta como consecuencia del no funcionamiento del sistema tranviario en la capital. Según explica la institución en una nota de Europa Press, el cierre llega después de que el Ayuntamiento no contestara a la resolución y de que ninguna administración propusiera alternativa alguna para la puesta en marcha y rentabilidad del metropolitano.
En marzo de 2013, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio tras tener conocimiento, “por los medios de comunicación”, de las dificultades de la Corporación jiennense para poner en funcionamiento el sistema tranviario en el que se llevaban invertidos, según refleja, unos cien millones de euros. El Ayuntamiento rechazó subvencionar este transporte público debido a su situación económica.
Desde entonces no se ha recibido respuesta por parte de la Administración local para la puesta en marcha después de que el Defensor formulara un recurso a ella y a la Consejería de Fomento y Vivienda —en concreto a la Dirección General de Movilidad— para conocer si, “de forma conveniada y a medio plazo”, iba a producirse. En caso de que no fuera posible el establecimiento del funcionamiento del tranvía, la institución recomendaba adoptar “las medidas necesarias para evitar el deterioro y minimizar su depreciación en el tiempo, además de estudiar posibles usos alternativos y que se investigaran responsabilidades de toda índole en las que se hubiera podido incurrir ante la innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas”. Solo la segunda respondió y mostró su interior de colaborar con el Ayuntamiento, aunque sin adelantar iniciativa conveniada alguna u otros usos temporales.
Tampoco hubo contestación para la recomendación de “apertura de investigación a fin de determinar las posibles responsabilidades de toda índole en que se haya podido incurrir ante la innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas como consecuencia de la no entrada en funcionamiento de una infraestructura de tal coste”.
Por ello, el Defensor entiende que su resolución no ha sido aceptada. “Seguimos encontrándonos en una clara imposibilidad de determinar una fecha para la puesta en marcha de esta infraestructura, ni para un uso alternativo de la misma, ni se delimita responsabilidad alguna por esta inaceptable situación”, aseguran desde la institución. Por tanto, incluirá esta actuación en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía. “La Dirección General de Movilidad sí respondió a nuestra resolución, aunque entendemos que no había aceptado su contenido”, informan en última estancia.