23 ene 2010 / 10:16 H.
La polémica sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a aquellos inmigrantes sin visado en su censo electoral ha vuelto a poner en el debate político y público el asunto de la inmigración y las maneras de afrontar su regulación. La medida planteada por el equipo de gobierno de Vic suponía, sobre el papel, incumplir la ley y, finalmente, la Abogacía del Estado ha ordenado al Ayuntamiento a seguir empadronando a los inmigrantes aunque su situación jurídica no sea legal. De haberse llevado a cabo esta omisión legal se hubiera generado más exclusión y marginalidad a un colectivo que ya padece riesgos evidentes por carecer, precisamente, de documentación. De igual forma, y aunque la medida en el caso de Vic ha sido más de agenda política que de un problema concreto, también es cierto que los municipios que soportan una fuerte inmigración ilegal son los verdaderos gestores de esta precariedad. Ellos asumen los gastos derivados de la atención de estas personas y, por lo tanto, requieren de la suficiente dotación de medios para no asfixiar las arcas de los Ayuntamientos. Precisamente para que el debate político no llegue caldeado a la calle y se den hechos tan lamentables, desde un punto de vista político y social, como los ocurridos estos meses en Italia, se requiere no jugar políticamente con este asunto y llegar a un mínimo consenso en su gestión. Europa, en este sentido, es consciente que en los próximos años se enfrentará —sino calan las medidas puestas en marcha en los países emisores de migración— con la amenaza que conlleva la saturación de servicios de una llegada no planificada de inmigrantes. La mejor opción sería que las medidas antes mencionadas, como planes de inversión mantenidos en el tiempo y la consolidación de democracias en dichos países, surtieran efecto, pero mientras tanto se requiere actuar ágilmente y sin demagogias.