El Charco de la Gallina 'toma' el primer pleno de la legislatura

“El pueblo pide la palabra”. Con esta frase de María Teresa Márquez, secretaria del colectivo vecinal El Charco de la Gallina, comenzó el primer pleno de la nueva Corporación bailenense. Haciendo una excepción, la alcaldesa, la socialista Simona Villar, dejó manifestarse a la portavoz del colectivo, que reivindicó: “Queremos que se agilice la contestación en positivo de las alegaciones al Plan General, solicitando al equipo redactor que las responda de inmediato y que se convoque un pleno extraordinario para aprobarlas, ya que estas son las únicas medidas que pueden detener el precinto de nuestras viviendas”. Añadió: “Solicitamos al Ayuntamiento que colabore con las familias que se están quedando sin casas”.
La Corporación no se pronunció al respecto. “La respuesta ya se les ha ido dando conforme se han atendido las demandas”, contestó la alcaldesa, que recordó que este debate no estaba fijado dentro del orden del día.
Acerca de la situación actual en la que se encuentran las viviendas, María Teresa Márquez indicó a los medios a la salida del pleno: “Esta tarde, hemos hablado con el abogado y el recurso que hemos presentado a las medidas provisionales de la juez parece ser que se está mirando. Por ello, confiamos en la Justicia”.
Después de la intervención de la presidenta de la asociación de vecinos El Charco de la Gallina, la sesión plenaria extraordinaria transcurrió con normalidad, aunque quedaron sobre la mesa cuatro puntos que serán abordados en el próximo pleno porque, ayer, no hubo consenso en la junta de portavoces que se celebró previamente a la sesión. Estos puntos son la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno municipal, modificación de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) de 2010, actualmente vigentes; las asignaciones de miembros de la Corporación, y la modificación de la base 23 de las de ejecución del presupuesto, relativa a dietas y a gastos de transporte de los miembros de la Corporación Municipal y de los funcionarios, y las retribuciones de los miembros del Gobierno local.