El caso Invercaria salpica a cuatro exdirectivos de EDM

Sus instalaciones, en la travesía de la carretera A-316, en el polígono industrial de Mancha Real, se desmoronan actualmente. La firma, un raro ejemplo de industria tecnológica en medio de olivares, funcionó entre julio de 2006 y marzo de 2009, apenas un trienio de actividad que todavía da de sí en los tribunales. El último episodio lo protagonizan, a cuenta del supuesto desvío de fondos de la sociedad de capital riesgo de la Junta, Invercaria, Francisco González Mingote, presidente del consejo de administración de EDM; Antonio José Jiménez Morillas, consejero delegado de la compañía; Diego Ignacio Fernández Ramírez, miembro del consejo de administración, y Juan Ruiz Cobos, con las mismas responsabilidades del anterior y, actualmente en prisión, condenado por delitos fiscales por su gestión en Cofimán, empresa de la que es fundador y origen de “burbuja informática” mancharrealeña. De aquellos polvos, vienen lodos en los que se perdieron millones de euros públicos, facturas sin cobrar de proveedores y las nóminas de 80 miembros de la plantilla, discapacitados a los que el sueño de haber obtenido un empleo se les volvió pesadilla.
El juez tomó declaración a González Mingote, Jiménez Morillas, Fernández Ramírez y Ruiz Cobos como sospechosos de los delitos de malversación de fondos y falsedad documental. Otros tres directivos también prestaron declaración, en calidad de testigos. ¿Por qué? El germen de estas imputaciones, que se mantienen después de declarar ante el magistrado sevillano que instruye la causa, está en dos préstamos participativos que recibió EDM con apenas una semana de diferencia. Un 23 de julio de 2008, se materializó una de estas ayudas por parte de Invercaria, por valor de 450.000 euros. La siguiente entrega de dinero público llegó, siete días después a la informática mancharrealeña; en esta ocasión, 730.000 euros. Si se suman las dos partidas, el monto es de 1.180.000 euros. En el momento en el que fue aprobada la operación, la compañía ya era oficialmente insolvente; meses después, la actividad cesó     de mala manera. Además, los problemas económicos no eran, ni mucho menos, infrecuentes. La investigación del Juzgado número 16 analiza lo ocurrido en la sociedad en una época en la que su personal vivía un auténtico infierno. La situación llegó al Parlamento andaluz, de la mano de IU, en dos ocasiones, y del PP. Los diputados prestaron voz a los trabajadores, que cobraban mal o, directamente, no percibían el salario durante meses. También llegaron a la Cámara regional las serias dudas que existían sobre en qué se empleaban los fondos públicos que recibía EDM, según se denunció, sin fiscalización de ningún tipo.
En el caso concreto de los 1,18 millones de Invercaria de julio de 2008, según el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Sevilla, Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria y Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, exdirector de análisis de inversiones de la sociedad de capital, están detrás de la concesión de estos dudosos créditos. El dinero público se libró sin propuesta de inversión, a meses de entrar en un concurso de acreedores; además, se dieron por válidas las previsiones de negocio de EDM para 2008, cuentas que, en el primer cuatrimestre de ese ejercicio, no eran favorables, unos datos que se omitieron para la autorización final. El instructor también sabe que la Agencia Tributaria había detectado graves irregularidades en la facturación. Esta investigación sobre Invercaria, además, se solapa con el caso de los ERE fraudulentos. Hay sospechas sobre la legalidad de otra ayuda más en 2008, esta vez de 384.861,65 euros, que llegó a la empresa el 29 de diciembre.