El bono social congelará el precio de la electricidad a 75.908 familias

Sevillana-Endesa tiene en Jaén a 75.908 clientes con derecho a solicitar el bono social, lo que supone una congelación de la tarifa hasta 2012. Para que se aplique esta medida, que está establecida por el Gobierno en la norma que regula la liberalización del mercado de la comercialización de la electricidad, se tiene que pedir en las oficinas de la compañía que vende la energía. Si no se hace, no se aplica.
Es la empresa que transporta y suministra la corriente en casi todo el territorio jiennense. En la provincia, cuenta con 399.081 usuarios. De ellos, hay 35.876 que ya operaban en el mercado libre, por lo que la liberalización les ha cogido totalmente adaptados. La mayoría eran firmas y demandan media tensión. Además, existen otros 1.572 a los que no les ha afectado la apertura. En cambio,  361.046 hogares y empresas, desde el 1 de julio, pueden decidir cuál será la compañía que les vende la potencia, que es el único cambio normativo que se ha producido a partir de la fecha.
De ellos, hay 349.328 hogares y entidades que tienen derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es el precio que ha fijado el Gobierno. Se debe a que demandan menos de 10 kilovatios. En cambio, 11.718 han de elegir una sociedad, que es una de las obligaciones que marca la nueva normativa. Son grandes consumidores de electricidad, que no tienen derecho a la Tarifa de Último Recurso. Por ello, ahora tienen que decidir con cuál quieren operar. Sin duda, estará en función de las ofertas económicas que les presenten.
Casi todos los hogares de Jaén tenía como compañía de referencia a Sevillana-Endesa, que es la que les llevaba la electricidad hasta la puerta de su hogar y, además, se la vendía. Ahora, después de la liberalización del 1 de julio, Sevillana-Endesa seguirá suministrándola hasta el contador del inmueble. Sin embargo, los jiennenses deciden quién lo hará entre 25 firmas que operarán en el mercado. No obstante, hoy, la inmensa mayoría no ha decidido nada, pese a que el mercado ya está abierto. Por ello, la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que pasan a la compañía que les suministraba y les vendía la electricidad hasta la citada fecha y que se acogen a la Tarifa de Último Recurso, que es el precio que fija el Gobierno. Y estarán en esas condiciones hasta que den otra orden que lo modifique.
De ahí que 349.328 hogares y empresas de Jaén operan, ahora, con Endesa XXI, que es la comercializadora de Sevillana-Endesa. Su factura se hará en función del precio dictado por el Gobierno. No obstante, a partir de ahí, ya se pueden cambiar a otras. Sólo existe una excepción en la provincia. Se da en 6.000 clientes de Rus, Canena, Pegalajar, La Rábita y La Hortichuela. Estas casas y entidades no trabajaban con Endesa, sino con otros “revendedores”. Como estos no pueden operar con la Tarifa de Último Recurso, ya que el Gobierno sólo ha autorizado a cinco compañías. Han llegado a un acuerdo con Hidroeléctrica del Cantábrico, que será la empresa que aplicará el precio mínimo del Ejecutivo y, a partir de ahí, también se podrán “mover”.
la solicitud. Entre los clientes que tienen derecho a la Tarifa de Último Recurso, que son 349.328, existen 75.908 con derecho al bono social. Precisamente, estos tienen que decidir cuál será la empresa que les venderá la electricidad, sellar el acuerdo comercial y, después, solicitar el descuento. Si lo realizaran con Endesa XXI, por ejemplo, han de acudir a las oficinas y presentar la documentación que acredita una de las situaciones que dan cobertura a que la tarifa de la electricidad se congele hasta 2012. Si no quieren seguir con esta compañía, han de elegir otra que opere en la provincia y hacer lo mismo.
Las familias que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo pueden solicitar esta medida. También está diseñada para los pensionistas que cobren cuantías pequeñas y para los hogares que acrediten que son familia numerosa. Todos tienen que estar acogidos a la Tarifa de Último Recurso, que es el precio de la energía que da el Gobierno a modo de orientación, y se ha de demandar para su vivienda habitual. Los usuarios de la provincia de Jaén con contratos inferiores a 3 kilovatios también se pueden acoger a la congelación de la tarifa hasta 2012. Todos lo han de pedir, ya que si no, la compañía no lo aplicará.

La Ley establece un recargo en la factura para los que hagan trampas

Enrique Alonso / Jaén
Hay familias jiennenses que ahora, por desgracia, tienen a todos sus miembros en paro. Sin embargo, puede que, muy pronto, alguno encuentre trabajo. En ese momento, tienen que informar a la compañía eléctrica de que su situación ha cambiado. Si no, pagarán, luego, un recargo.
Los “tramposos” del bono social abonarán sus facturas con un 10% de recargo. El Gobierno establece esta medida para favorecer a las familias numerosas, a las que tienen a todos sus miembros en desempleo, a los consumidores de menos de 3 kilovatios y a los pensionistas. Sin embargo, también faculta a las cinco compañías que suministran la Tarifa de Último Recurso, que en el caso de Jaén sólo son 2, Endesa XXI e Hidroeléctrica del Cantábrico, a investigar y acceder a las bases de datos que corroboran que lo que alega el cliente es cierto.
Si la documentación presentada está correcta y se hace llegar a la firma antes del día 15 de cualquier mes, la tarifa eléctrica siguiente quedará inmovilizada. Pero si la información se recibe más tarde de ese día, habrá que esperar otro mes para ver el recibo de la luz congelado. No obstante, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), quienes reciban el bono social deberán ser conscientes de que tienen la obligación de notificar si pierden alguno de los requisitos por los que disfrutan de él.
el castigo. Si no lo hacen, deberán saber que todas las facturas que han abonado desde que perdieron las condiciones para disfrutar del bono hasta la fecha en la que se detectó que no debían ser beneficiarios se revisarán y se les cargará un 10% en cada una de ellas en concepto de penalización. En este caso, habrán de prestar especial atención las familias con todos los miembros en paro, ya que si uno de ellos encuentra empleo, tienen que notificarlo y renunciar al bono social. Las compañías comercializadoras de último recurso, cuyo listado con teléfonos de contacto aparece en la web de la Comisión Nacional de la Energía, estarán habilitadas para comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarias para su otorgamiento. En el caso de la provincia jiennense, Hidroeléctrica del Cantábrico gestiona el recibo de 6.000 clientes y Sevillana-Endesa, el de 349.328, que son los que tienen derecho a acogerse al precio fijado por el Gobierno. En el caso del bono social, sólo hay 75.908 hogares.
Durante lo que queda de año, las empresas distribuidoras deberán remitir a sus usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios una carta, que puede incluirse en la factura, en la que les comuniquen que existe el descuento y cómo debe solicitarse. Si no se pide, no se aplica.
Por otro lado, la Facua-Consumidores en Acción aplaude la intervención que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha desarrollado, al adoptar medidas cautelares en el expediente abierto contra las grandes eléctricas por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electricidad a clientes finales.
La Facua asegura que la CNC “ha hecho lo correcto” al detectar  irregularidades, sobre todo, dijo, en el traspaso o intento de traspaso de grandes usuarios, pymes o consumidores con más de diez  kilovatios (kW) de potencia contratada “por la negativa o los problemas de las eléctricas a la hora de suministrar datos a otras  compañías”, si bien señaló que “ahora” hay que esperar a ver “si  surge efecto” esta medida.