El Ayuntamiento ordena demoler una casa del Charco de la Gallina
Dos meses es el plazo que el Ayuntamiento de Bailén le concede a María Isabel Romero López para demoler las “obras ilegales” de la vivienda del Charco de la Gallina que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Linares le precintó el pasado 12 de julio. Ahora, la propietaria tiene 15 días para formular alegaciones.
“En el caso que nos ocupa —se lee en la propuesta de resolución que firma el secretario del Ayuntamiento de Bailén—, se considera probado que María Isabel Romero López ha ejecutado obras en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, en la Cuesta del Molino, sin licencia [...] Dichas obras son constitutivas de una infracción grave”. Y se añade: “También se considera probado, de conformidad con el informe del arquitecto municipal, que no son legalizables y menos aún teniendo en cuenta las reducidas dimensiones y superficie de la parcela (1.071 metros cuadrados según el catastro), ya que, si las construcciones tienen —como parece ser uso vividero y no se trata de una nave de aperos—, precisarán para su autorización de un proyecto de actuación, que, dadas las características, superficie y destino de la parcela, entiendo que no tendría posibilidad alguna de que pudiese ser aprobado”. Por esto y porque “parece haberse desviado el cauce de un pequeño arroyo seco”, junto al “cerramiento del lindero norte”, el Ayuntamiento ha emitido una propuesta de resolución para “ordenar a María Isabel Romero López la demolición de las obras ilegales” de la vivienda que la Guardia Civil precintó, el pasado 12 de julio, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Linares. Además, se le concede un plazo de “dos meses para la ejecución de lo ordenado, con la advertencia de que, transcurrido este plazo sin haber procedido a la restauración, el Ayuntamiento procederá a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mensual y una cuantía que, en cada caso, será el 10% de las obras ejecutadas y, como mínimo, de 600 euros, mientras dure el incumplimiento”. Aparte, se advierte: “Transcurridos los doce meses sin que voluntariamente se haya realizado la reposición de la realidad física alterada, se realizará la ejecución subsidiaria”.
La sorpresa de María Isabel Romero fue mayúscula cuando, ayer, recibió la propuesta de resolución. “No sabíamos que el Ayuntamiento abriría este expediente”, indicó y anunció que presentará alegaciones. Aparte, reclamó al Ayuntamiento que cumpla la declaración de voluntades que todos los ediles de la Corporación aprobaron, en un pleno extraordinario, para legalizar las viviendas tipificadas de “ilegales” en el Charco de la Gallina. La alcaldesa, Simona Villar, solo dijo al respecto que el Ayuntamiento tiene que resolver un expediente administrativo “y es lo que está haciendo”. Se escudó en que el asunto está “pendiente de una resolución judicial” para hacer más declaraciones. Nuria López Priego / Jaén