El Ayuntamiento de Castellar da 10 días más de plazo a los okupas

En punto muerto. Así está la situación de las familias que, desde finales de 2012, viven de forma ilegal en las viviendas que hay junto al cuartel de la Guardia Civil de Castellar. El Ayuntamiento llamó a la puerta de otras administraciones para tratar de buscarles un techo. No tuvo éxito, lo que le lleva irremisiblemente a emplear la vía judicial para el desalojo. Primero, la Alcaldía emitió un decreto en el que se les conminaba a irse antes del pasado 31 de enero. El plazo expiró, pero no se les obligó a salir directamente. El Gobierno local confirma que tienen 10 días más de plazo para salir de los inmuebles por las buenas, este periodo concluye el 10 de febrero.
La papeleta a la que se enfrenta la Administración local castellariega no es chica. Los okupas son gitanos, en su mayoría, residentes en la barriada de El Polvorín y, muchos de ellos, familiares de los vecinos que, en octubre 2008, se vieron inmersos en un conflicto social, que se prolongó durante semanas y que, aparte de implicar que se reforzara la presencia de la Guardia Civil, levantó a los vecinos que, incluso, pidieron la dimisión de los anteriores gobernantes socialistas. Prácticamente, desde entonces, la Administración local, ahora en manos del PP tras los comicios de mayo de 2012, busca una solución para el problema de la vivienda en el municipio, agravada, en buena medida, por la existencia del núcleo de El Polvorín. Se planteó demoler este gueto y reubicar a los residentes en viviendas prefabricadas o, por ejemplo, a raíz de la “okupación” de las antiguas casas de los maestros, el Ayuntamiento buscó fondos para la rehabilitación de viviendas. Lo único que obtuvieron, por parte de la Delegación de Fomento en Jaén, fue el compromiso de reclamar la construcción de pisos de protección oficial en Castellar a la Consejería del ramo en Sevilla, eso sí, siempre y cuando el Gobierno local apruebe la cesión de suelo para este fin. La Diputación, por su parte, se brindó a colaborar para hacer frente en los aspectos sociales derivados de la situación.
Con la entrada por la fuerza en las viviendas, este grupo de castellariegos precipitó los acontecimientos y, actualmente, el Ayuntamiento se enfrenta a la tesitura de desalojarlos de las antiguas casas de los maestros, que no están en condiciones de ser habitadas, sin tener una alternativa para darles un techo. Si no se llega a ningún acuerdo antes, el desalojo se tendrá que realizar con el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Será la Guardia Civil la que se encargue de que los okupas dejen libres estos inmuebles. De la oposición que se encuentren, dependerá que la intervención sea más o menos tranquila.  José Rodríguez Cámara / Jaén