El Ayuntamiento de Bailén notifica una nueva orden de derribo en El Charco de la Gallina

El Ayuntamiento de Bailén (Jaén) ha notificado  este miércoles una nueva orden de derribo, acogiéndose a un  expediente de restauración de la legalidad, a los propietarios de una  finca de la zona de El Charco de la Gallina, todo ello tras aprobarse  el pasado 30 de septiembre por mayoría absoluta una moción llevada a  cabo en el pleno municipal por parte de los tres grupos de la  oposición, PP, IU y AIB,

    02 nov 2011 / 16:51 H.

    para evitar que se lleven a cabo una serie  de derribos previstos. Según ha manifestado a Europa Press la asociación de vecinos de El  Charco de la Gallina, "hay preparadas cinco notificaciones más". Así, la alcaldesa del municipio bailenense, Simona Villar (PSOE), "se ha  saltado el acuerdo plenario aprobado por mayoría absoluta tras  haberse aprobado además en acta este pasado viernes".
    Al respecto, la asociación ha señalado que "lo que se aprueba en  pleno Villar no se lo puede saltar a la torera, ya que es  anticonstitucional", es más, ha reiterado, "esto parece una  dictadudura". Además, el conjunto de vecinos ha hecho alusión a que  "su voz ha sido vetada", después de que haya realizado unas  declaraciones críticas relativas a estos hechos en un medio local  perteneciente al Ayuntamiento. 
    Para la asociación, se trata de unas declaraciones que "se han  hecho desde la verdad, sin insultar a nadie", motivo por el que "no  deberían haber sido vetadas" y por el que, según ha aseverado, "va a  luchar para que finalmente se hagan públicas, puesto que  afortunadamente se vive una época de democracia".
    Cabe recordar que el pasado mes de agosto el Consistorio de Bailén  instaba a la propietaria de una de las siete viviendas precintadas en  El Charco de la Gallina a que el inmueble fuera "derribado en un  período inferior a dos meses", pues, de no ser así, según aseguraba  la vecina de Bailén que figura en el escrito enviado por el  Consistorio, se le exigiría "pagar mensualmente un total de 600 euros  como sanción y sería pasados 12 meses, si no se ha derruido, cuando  lo haría el Ayuntamiento".