El Ayuntamiento de Baeza no puede precintar la planta orujera

El anunciado cierre de las instalaciones de la orujera de Oleícola Jaén en el término baezano no pudo llevarse a efecto ayer. Como relata Marín, por la mañana, agentes de la Policía Local se personaron en el recinto con el fin de colocar el precinto. Sin embargo, añade, los responsables de la compañía no permitieron que se llevara a cabo la intervención.
Ante el panorama, la máxima autoridad baezana precisa que la cuestión llegará hasta los tribunales. En este sentido apunta que, mañana, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que esta tome las medidas oportunas.  Respecto a la decisión de la compañía de emprender un proceso contencioso-administrativo ante  la medida, Leocadio Marín no se muestra preocupado y precisa que, mientras que el pleito adelantado por los titulares de la planta va por un cauce, el de las acciones previstas por la Administración discurrirá por la vía penal. Sin embargo, declina hacer más valoraciones sobre el comunicado de la empresa y se remite a la rueda de prensa que prevé ofrecer mañana.
 El texto de Oleícola Jaén llama la atención sobre los “cien padres de familia que se verán perjudicados, teniendo que sumergirse en el paro más absoluto por lo menos cincuenta trabajadores, con la inaceptable y antisocial actuación del señor alcalde”. La dirección no duda en calificar la situación de “lamentable, espinosa e injusta, sin fundamento legal alguno”. Además asevera que las instalaciones no carecen en modo alguno de las preceptivas licencias municipales. También deja claro que mantiene su actividad al cien por cien. A juicio de los representantes de la compañía, la suspensión de actividad y el precintado implicaría “coartar” la libertad para que las instalaciones mantengan sus funciones normales y tilda de “no ajustada a Derecho” la decisión municipal, causa que mueve a la firma a presentar el recurso en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar la suspensión de los acuerdos referentes al precintado. También acusan al Ayuntamiento de violar “la tutela efectiva de jueces y tribunales” estipulada en la Constitución.
Por último, para el consejo de administración, “en tiempo en que existe en España, lamentablemente, una situación de paro verdaderamente elevada y excepcional de millones de trabajadores”, la acción de Leocadio Marín “lesiona, de forma clara e irreversible”, los principios que sostiene en estos momentos el Gobierno para evitar el desempleo entre los españoles. Juan Rafael Hinojosa / Jaén

El Ayuntamiento de Baeza cerrará hoy la orujera de forma irrevocable

08-01-2011 Supone un “problema ciudadano, medioambiental y paisajístico” para Baeza y, después de reiteradas advertencias, el Ayuntamiento procederá, hoy, a cerrar Oleícola Jaén. La extractora trabaja con “dos secaderos” que “carecen de licencia de obras y sin informe medioambiental”, según el alcalde, Leocadio Marín. 

No es la primera vez, en esta legislatura, que sobre Oleícola Jaén se cierne la amenaza del cierre de sus instalaciones. Ya ocurrió en junio de 2008 y, finalmente, todo quedó en agua de borrajas. Sin embargo, esta vez, existe una resolución firme de Alcaldía y parece que no hay vuelta de hoja. El Ayuntamiento de Baeza anunció, ayer, a la empresa que, hoy, procederá al cierre de la orujera. Ya la alertó el pasado 30 de diciembre e intentó el cierre un día después. Pero la empresa se negó a acatar la orden y, según pudo saber este periódico, sus trabajadores solicitaron una moratoria. El equipo de Gobierno local aceptó, pero este segundo intento pretende ser el definitivo.
Después de más de tres años de un tira y afloja constante, las negociaciones entre Oleícola Jaén y el Ayuntamiento baezano no sólo están rotas, sino que sobre el plan de actuación que la firma presentó para el traslado fuera del casco urbano y sobre las actuales instalaciones planean las “ilegalidades”, apunta el alcalde, Leocadio Marín.
En noviembre de 2009, se anunció a bombo y platillo que la orujera se iba a instalar en la pedanía de Puente del Obispo. Sin embargo, la operación resultó fallida. La imposibilitó un poblado ibero que hace de aquellos terrenos Bien de Interés Cultural (BIC). La noticia se convirtió en un revés. Las negociaciones volvían al punto de partida. “El empresario [Carlos Morillo] decía que no quería comprar terrenos que no fueran útiles”, comenta Marín. Así que, de acuerdo con los técnicos de la Junta de Andalucía, se realizó un estudio del término municipal de Baeza y se le indicó a Morillo en qué paraje se podía instalar la orujera. “Correspondía con la zona de El Cuartelillo”, apostilla el alcalde. Pasados unos meses, el dueño de Oleícola Jaén presentó un plan de actuación para trasladarse a la zona en el que afirmaba que era dueño de unos terrenos.
El plan fue aprobado por el Ayuntamiento y también obtuvo el beneplácito de  Urbanismo. Pero, el pasado mes de junio, “un particular” desveló que los terrenos que Morillo señalaba como propios “no eran suyos”. “Le dimos un plazo para que aclarara la situación”, afirma el munícipe. Pero no lo hizo y, expirado ese tiempo, la Administración local dio “por decaído [el plan de actuación] porque se basaba en una falsedad documental”. “Este señor no era propietario de los terrenos”, reitera Marín.
Pero esto no es todo. El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento envió una inspección a la orujera. Los técnicos comprobaron que “varios de los secaderos —dos, según el alcalde— no tienen ni licencia de obras ni informe medioambiental”. Así se le notificó a la empresa y se le dio otro plazo para que subsanara los problemas. Su respuesta —asegura Leocadio Marín— fueron “alegaciones que desvirtúan lo que cree el Ayuntamiento”. En ese mismo momento, el alcalde dictó una resolución para el cierre de las instalaciones. Pero aclara: “Pensando que hay puestos de trabajo de baezanos, hemos intentado colaborar con el empresario y me he sentido engañado. Presentó un plan de actuación diciendo ser dueño de unos terrenos que no lo eran, y no puedo tramitar ante la Junta un plan basado en falsedad de documento público”.
La decisión es firme y su desobediencia —advierte Marín— está castigada con penas de seis meses a cuatro años de cárcel, pero la empresa “se niega” a acatarla, reconoce el regidor. “Son más de cien padres de familia” los que se verán afectados por el cierre de la planta extractora, afirmó Morillo, que se negó a hacer declaraciones y se remitió a un comunicado que hará público el consejo empresarial.  Nuria López Priego / Jaén