El Ayuntamiento aguarda el dinero de la dependencia para poder pagar
Un proceso dilatado en el tiempo que debe resolverse lo antes posible. Una afirmación simple pero que esconde un gran valor, el de ser prácticamente la único en lo que se ponen de acuerdo el Ayuntamiento y la Junta en materia de dependencia. El último capítulo del serial tiene como protagonista al dinero, que pronto estará en las cuentas de los afectados, los trabajadores. Casa semana que pasa se enreda un poco más la madeja, y el conflicto que sumerge en aguas pantanosas.
Las personas que se benefician de la presentación de la ayuda a domicilio y aquellas que lo dan son las que esperan una solución urgente que acabe con un calvario que se arrastra desde hace meses. Lo mismo aguarda el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, que les lanzó un mensaje de tranquilidad: “Tan pronto como llegue el dinero al Ayuntamiento se transferirá a la empresa concesionaria —Multiservicios Jabalcuz— para que haga frente al pago de las nóminas de las trabajadoras”. La afirmación la hizo tras conocer el último auto del juzgado que ordena devolver el montante que había consignado —procedente de transferencias de la Junta— para abonar servicios prestados con posterioridad al 3 de diciembre. Con respecto a este mismo proceso judicial, y contestando a las preguntas de los periodistas, el alcalde confió en que se resuelva “a la mayor brevedad posible”. A pesar de estar convencido de que el magistrado “resolverá en cuanto pueda y de la mejor manera posible”, entiende su acumulación de trabajo. Lo que también tiene claro es que el Ayuntamiento “siempre ha cumplido con sus competencias en el desarrollo normativo” y que la Junta solo ha pagado las cantidades pendientes hasta enero. Versión contrapuesta es la que sostiene el Gobierno autonómico, verbalizada por la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio. Tras aplaudir el último auto del juez, aseguró que el documento viene a poner las cosas “en su sitio” hasta que haya una resolución definitiva. Reconoció que el asunto es complejo pero no dejó pasar por alto que el punto de partida radica, a su parecer, en que el Ayuntamiento entiende que denunció el convenio en plazo, mientras que la Junta no lo considera así y mantiene que “está en vigor”. “No se puede renunciar a la prestación del servicio porque hay un compromiso formalizado en un convenio por parte del Ayuntamiento, que es competente en la prestación de la ayuda a domicilio”, declaró. Sin embargo, José Enrique Fernández de Moya, acusó, directamente, a la Junta de poner en peligro la dependencia por no hacer frente a su obligación de pagar las mensualidades. Tanto es así que resaltó que en el auto se hace mención al “quebranto económico” que le causaban al Ayuntamiento los “continuos impagos”, uno de los argumentos en los que el Gobierno municipal sustentó su decisión de denunciar el convenio con la Administración autonómica.