25 sep 2014 / 10:13 H.
Esta semana acabamos con el atropello a la razón que el gobierno ha protagonizado, desde que decidiera lanzar esa cruzada ideológica a la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del 2010. Las cosas que mal empiezan, mal acaban y era todo un desatino, como reconoció en su informe el Consejo General del Poder Judicial, que se presentara una nueva ley, sin ni siquiera esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso que el propio PP presentó. Desde el inicio hemos vivido un debate plagado de mentiras y confusiones intencionadas, en una cuestión que nunca va a ser pacífica y sobre la que resulta imposible alcanzar un consenso. En el 2010 aprobamos por primera vez, una norma de interrupción voluntaria del embarazo, que garantizaba la seguridad jurídica que no teníamos, porque lejos de lo que se ha dicho, en España adolecíamos de una ley sobre este asunto. Solo contábamos con un código penal del año 1985 que consideraba el aborto un delito, y lo despenalizaba en tres supuestos. Esta situación acarreó durante más de veinte años, una inseguridad jurídica absoluta y un coladero impresentable, sin control legal ni sanitario. Cuando Rajoy y su gobierno decían que volveríamos a la ley anterior, sabían que no había norma a la que volver. Por eso ante esa encrucijada, el exministro Gallardón redactó una nueva ley, no solo mucho más restrictiva que el código penal de 1985, sino un auténtico disparate de regulación, que conducía en la práctica a un callejón sin salida a todas las mujeres que por una razón u otra, se ven abocadas a interrumpir su embarazo. En todo este proceso, Rajoy pronunciaba el martes la única frase sensata en mucho tiempo: “no podemos hacer una ley que el siguiente gobierno vuelva a cambiar en cinco minutos”. Podían haber reflexionado antes y habernos ahorrado tantas tensiones. Sin embargo, bien está lo que bien acaba y confío en que un asunto tan privado, deje de ser objeto de un debate público que debería estar superado.