13 ene 2009 / 23:00 H.
Se cumple un año de la fatídica desaparición de la pequeña Mari Luz, que dos meses después fue hallada muerta en la ría onubense, un auténtico drama que conmocionó a la sociedad y que marcó un antes y un después porque puso en tela de juicio la actuación de la Justicia en este caso concreto. Por eso, los políticos onubenses que ayer recordaron la tragedia calificaron de auténtica burla que en este contexto se anuncie una huelga de jueces, coincidiendo con la triste efeméride. No es de recibo que el propio juez Tirado, a quien se abrió expediente por la demora en ejecutar la sentencia que dejó libre al presunto asesino de la niña, sea uno de los que ahora alientan a sus compañeros a secundar la jornada de protesta. Con todos los respetos a las decisiones del Consejo General del Poder Judicial, es de vergüenza auténtica que la sanción se saldara simplemente con una multa de mil quinientos euros, si se tiene en cuenta la trascendencia de su error y la enorme repercusión social del asunto, tanto que desde muy divisas instancias se criticó la decisión y se llegó a reclamar la expulsión de este magistrado de la carrera judicial. Desde la Judicatura no se quiere vincular un asunto con otro, pero parece obvio que desde el fallo judicial en el caso Mari Luz se han escuchado críticas a pronunciamientos judiciales que antes no se producían. De alguna forma, pueden sentirse invadidos de alguna manera en sus competencias y ver en peligro la independencia que se le presupone al poder judicial. Ante todo, es el momento de abrazar a la familia, de solidarizarse con su dolor, y de instar al Gobierno a que cumpla cuanto antes los compromisos que adquirió en su día con esos padres destrozados, como la creación de un registro de pederastas. La Administración debe dar ejemplo como los Cortés han sabido darlo de entereza y serenidad, pese al infierno por el que pasaron y aún pasan.