El alcalde de Guarromán niega la malversación de una ayuda de Empleo
El alcalde de Guarromán, Antonio Almazán (PSOE), ha negado este martes "con total rotundidad" que haya incurrido en un supuesto delito de malversación de fondos públicos en relación a una ayuda de 440.000 euros concedida por la Junta de Andalucía al Consistorio de dicha localidad en 2008, por el que la Fiscalía de Jaén ha solicitado que declare como imputado, al tiempo que ha subrayado que esa subvención "se va a devolver", y el Ayuntamiento no tiene "ningún problema" para ello.
En declaraciones a Europa Press, Almazán ha indicado además que "no le consta" que la Fiscalía haya solicitado su imputación por este asunto, ya que no ha recibido "comunicación oficial" al respecto, si bien ha querido reiterar que "en ningún momento se produjo una malversación de fondos", una acusación que rechaza "con total rotundidad".
Así, ha explicado que "hace un par de meses", la Fiscalía "se dirigió a él para solicitarle una serie de documentación" relativa a esta ayuda, que el Ayuntamiento entregó, siguiendo "una actitud de total colaboración", y desde entonces no ha recibido "oficialmente" novedades acerca de este asunto.
De igual modo, y después de que el parlamentario autonómico del PP por Jaén Miguel Contreras, y la presidenta del PP de Guarromán, María del Carmen Caballero, hayan presentado en rueda de prensa el decreto de la Fiscalía en el que se anuncia la apertura de diligencias por este asunto, el alcalde de Guarromán ha subrayado que el Ayuntamiento ya ha puesto "en marcha" el procedimiento para devolver la referida ayuda de 440.000 euros, después de que, según señala el propio fiscal en su escrito, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo declarase la nulidad de la misma en febrero del pasado año 2013.
Los hechos por los que la Fiscalía ha solicitado la declaración como imputado del regidor de Guarromán se remontan a noviembre de 2008, cuando, según el Ministerio Público, el Ayuntamiento del municipio recibió una ayuda de 440.000 euros concedida en el marco de un convenio de colaboración suscrito con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con la finalidad de "acondicionar y modernizar antiguos invernaderos para su explotación por agricultores en cualquier régimen de explotación".
Posteriormente, en febrero de 2009 y con cargo a ese convenio, el Ayuntamiento acordó efectuar transferencias por importes de 31.072,66, 6.881,79 y 69.394,05 euros, respectivamente, a las cooperativas 'Guarromanense', 'Ecisur' y 'Nuevas Poblaciones', "dado que las mismas tenían pagos pendientes de realizar a la Diputación de Jaén derivados de la puesta en marcha y acondicionamiento del Proyecto de desarrollo local consistente en la instalación de invernaderos para la explotación de cultivo bajo abrigo", y "precisaban del apoyo económico sociolaboral del Ayuntamiento de Guarromán".
El fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda, concluye en su escrito que "de lo anteriormente expuesto se desprende que los hechos relatados pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos (...) dado que indiciariamente aparece acreditado (...) que se han destinado a usos ajenos a la función pública los caudales puestos a disposición del Ayuntamiento de Guarromán, pues las cantidades abonadas a la Diputación Provincial lo fueron para saldar las deudas que tres sociedades cooperativas mantenían con la Comunidad Autónoma Andaluza como consecuencia de unas subvenciones recibidas con anterioridad (...) y cuyo destino no fue debidamente justificado".