Ejemplos de inversiones millonarias sin funcionar que han sucumbido al expolio
La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas es taxativa. Desde las entidades locales, a las comunidades autónomas o el propio Estado, las administraciones públicas “están obligadas a proteger y defender su patrimonio”. Deben “conservarlo” y “velar por su custodia y defensa”. Sin embargo, ya sea por las limitaciones económicas de unas arcas municipales “en la ruina”, por reticencias ideológicas a poner en marcha ciertos proyectos o por la supuesta inviabilidad de otros, en la ciudad del Santo Reino proliferan los ejemplos de dinero público tirado por la borda.
Inversiones millonarias que se quedaron a medias o a punto de finalizarse cuando se produjo el relevo en la Alcaldía, en junio de 2011, y que, hoy por hoy, después de años sin vigilancia, han sucumbido al expolio y al vandalismo. En San Vicente de Paúl, el centro de barrio de Antonio Díaz es una prueba de ello. El lugar desde el que colectivos como “Proyecto Hombre” desarrollaban programas de alfabetización y reinserción social es un vertedero incontrolado en el que los saqueadores han hecho ricia con todo. En el otro extremo de la capital, no ha corrido mejor suerte la guardería que comparten El Valle y Loma del Royo. La obras, que arrancaron en 2009, se presupuestaron en 1.373.913,67 euros. El proyecto se quedó a medias y, ahora, según las estimaciones municipales, acabarlo costaría cerca de 2 millones de euros porque, además, la Junta y el Estado están apremiando al Ayuntamiento para que devuelva las subvenciones recibidas hace 5 años.
No obstante, aún hay otra inversión que ha sido “arrasada” sin que la Administración haya movido un dedo. Es el Parque Acuático que el equipo de Gobierno del PP prometió reconvertir en complejo multiaventuras cuando estaba al 80% de su ejecución. Anunció la inauguración de la primera fase para el verano pasado. “Pero eso ya es una ruina”, resume el presidente de la asociación de vecinos de Valdeastillas, Miguel Castro. “Lo que no han robado, lo han roto”, añade la presidenta de la federación “Objetivos Comunes”, María Cantos, que lamenta que “un pedazo de inversión” de más de 8 millones sea exponente del saqueo y de la dejadez política.
“No creo que ahí queden ya 4 millones”, calcula Castro, que indica que la última vez que llamó a la Policía Local para denunciar robos en las instalaciones fue “hace un mes y pico”: “Cada vez que veo un camión o un coche aparcado, miro, porque me da pena, y, si detecto algo, llamo a los municipales, que vienen en seguida, pero ya hay poco que sea aprovechable”. Según la socialista María del Mar Shaw, esta dejadez es la prueba de que se ha descartado el proyecto, pero, preguntado al respecto, el edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Javier Márquez, lo negó y culpó a la Junta de esta parálisis, por poner trabas legales que esta siempre ha subrayado que son subsanables y que no impedirían que se pusieran en marcha ciertas atracciones. Con todo, si se licitaran las obras, el concejal aseguró que cualquier coste lo afrontaría la adjudicataria, no el Ayuntamiento. Tenga futuro o no, para Castro, situaciones así son una “vergüenza”: “Los políticos no piensan en el esfuerzo que ha costado levantar eso con el dinero de los ciudadanos y los perjuicios que están ocasionando”. La inseguridad es uno de ellos. Y sugiere: “Tendríamos que pedir responsabilidades”.