Edu lleva a la Comisaría a cuatro cargos de la Junta en Jaén

En Jaén, “Edu” llevó a la Comisaría a cuatro exresponsables de la Administración autonómica, a los que los investigadores policiales achacan delitos de prevaricación, fraude en las subvenciones y falsedad documental por las irregularidades detectadas en la concesión de las ayudas públicas. Uno por uno, ayer desfilaron ante los agentes de la UDEF. Se trata de Irene Sabalete Ortega, la que fuera delegada provincial de Empleo en Jaén entre noviembre de 2009 y agosto de 2012. También fue detenido José Luis Valentín, el actual jefe de servicio de la Delegación; y completaron el cuarteto de imputados Manuel Jesús Colmenero, jefe de departamento, y Salvador Mansilla, que ocupó ese mismo cargo en el área de Homologaciones de Empleo, tal y como confirman fuentes policiales cercanas al caso. Todos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración a lo largo de la mañana de ayer.
No serán los únicos arrestos e imputaciones que se produzcan en la provincia en el marco de esta tercera fase de la operación “Edu”. De hecho, los agentes de la UDEF han citado para hoy a varios altos cargos y funcionarios de la administración autonómica en Jaén. Fuentes oficiales de la Comisaría y del propio Ministerio del Interior guardan un mutismo absoluto sobre esta investigación que, en la provincia, está en manos del Juzgado de Instrucción número 4. Ni tan siquiera han confirmado el número previsto de detenciones.
De los cuatro altos cargos que pasaron ayer por Comisaría, solo la exdelegada de Empleo se acogió a su derecho a no declarar. Fuentes de la defensa de Irene Sabalete aclararon a Diario JAÉN que decidió no contestar a las preguntas de los investigadores hasta conocer “con exactitud” de qué se le acusa exactamente. Además, también alegó que la Guardia Civil ya la detuvo, por los mismos hechos, en el marco de la operación “Barrado”, desarrollada el pasado mes de marzo bajo la tutela de la magistrada sevillana Mercedes Alaya. En aquel entonces, tampoco declaró ni ante los agentes de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado ni ante la juez.
Los tres exresponsables de la Junta en Jaén sí que se sometieron al interrogatorio planteado por los investigadores de la UDEV. Por separado, respondieron a todas las preguntas, que versaron sobre “el procedimiento” seguido en la concesión de las ayudas a las empresas que impartían los cursos de formación. Los investigadores también hicieron hincapié en los mecanismos de control y seguimiento de los requisitos necesarios.
Hay que recordar que la operación Edu se inició hace justo un año. Saltó en Málaga, en abril de 2014 y su origen fue una denuncia de la Seguridad Social contra una empresa que, presuntamente, impartía cursos a alumnos ficticios y se embolsaba las correspondientes subvenciones públicas. Se detectaron acciones formativas sin justificar y también falta de control de los servicios públicos. Pronto se descubrió que no se trataba de un hecho aislado, sino que tenía ramificaciones por toda Andalucía. Tras la redada de Málaga, la Fiscalía del TSJA ordenó que se investigara en las demás provincias. Desde mayo de 2014, es lo que ha hecho la Policía a través de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEV). Una operación “Edu” que ya acumula más de 250 detenidos, aunque cuando termine esa nueva fase el número rozará los 400 arrestos.
En Jaén, fueron imputados 38 empresarios en la segunda fase de la operación “Edu”, desarrollada durante todo el mes de marzo. Todos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4. Su titular, la magistrada Carmen Ballesteros, aún no ha tomado declaración a ninguno. Su acción más destacada, hasta el momento, ha sido inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, es decir, el de Mercedes Alaya, al considerar que los hechos investigados son los mismos en los que indaga la magistrada hispalense. La Fiscalía de Jaén recurrió en el auto, ya que es partidaria de que el caso de los cursos de formación se quede en la provincia.