Dos familias no matriculan a sus hijas por la lejanía del colegio

Sin embargo, los padres de las pequeñas Lola y María se negaron a apuntarlas en el centro que la Junta les asignó y que no se encuentra entre las cinco opciones que plantearon. Por ello, aunque se consideran integrantes del grupo inicial que impulsó las protestas en primavera, las dos parejas continúan su lucha y apuran hasta el último resquicio de lo que consideran un derecho: la escolarización de sus retoños cerca de sus casas.

Se niegan a que sus voces queden apagadas en las desérticas inmediaciones de la Administración durante el estío, pues para estos progenitores, los responsables de Educación se fueron con unas tareas pendientes. Además, temen que, a la vuelta en septiembre, no solo no solucionen sus casos, sino que también los dejen en el olvido y no pongan fin a un problema enquistado desde hace años.
Para los padres de la pequeña Lola, María José Redecillas e Israel Torres, su pelea por escolarizar a la niña en algunos de los cinco colegios que pidieron no es nada baladí. “Ambos trabajamos y dependemos de nuestros padres para que lleven o recojan a Lola, por eso, desde el centro que nos asignaron, que es el Santo Domingo, a las abuelas les pilla muy lejos. Además, no hay ni una línea de autobús que le deje cerca”, cuenta María José Redecillas. Tras la caminata que organizaron en junio, desde el Bulevar hasta el colegio Santo Domingo, en El Valle, la madre confirma que tardaron media hora y que hay peligro en los cruces. “Interpusimos una reclamación individual en la que exponemos nuestro caso y aún espero contestación. Lo que temo es que llegue septiembre y, al final, nos toque ir colegio por colegio buscando una plaza”, indica la madre, quien insiste: “Quisieron hacer ver a la gente que teníamos un problema con los niños de los otros centros, pero no es así”.

La angustia se apodera de Francisca Pérez y Félix Ayas cuando piensan en los dos episodios de convulsiones febriles que vivió su hija María. “Tengo miedo de que le pase algo tan lejos de mi casa”, dice Pérez, quien critica que la Junta no haya tenido en cuenta este problema de salud. “Al no suponer el 33% de minusvalía no le dan prioridad a la cercanía”, explica. Luego, recibió la oferta de una vacante en el “Ramón Calatayud”, que está cerca de donde vive su suegra. “Al final, tampoco entró y estoy pendiente de que quede una plaza en septiembre”. Los padres se niegan a matricular a su hija en el “Santo Domingo” por la distancia y la enfermedad de la niña, de ahí que interpusieran un recurso de alzado : “No trabajo, pero estoy sin coche, además, tengo otro niño de diez meses y medio, por lo que tendría que ir y volver con los dos andando”.