Dos ex alcaldes de Castellar, multados con 300 euros por no respetar una sentencia judicial

Rafael Abolafia/Jaén
Dos ex alcaldes de Castellar, la socialista María Inmaculada Ortega y el andalucista Juan Escudero, fueron condenados ayer a pagar una multa de 300 euros como autores de una falta de desobediencia. Ambos no respetaron una sentencia judicial que les obligaba a readmitir a una trabajadora municipal.

    23 jun 2009 / 09:25 H.


    En principio, el fiscal pedía para ambos una condena de 7 meses de prisión ya que los consideraba autores de un delito. Sin embargo, dada la conformidad de los dos ex dirigentes castellariegos, modificó su escrito de acusación y calificó los hechos como una falta, una calificación más ventajosa para los acusados. De hecho, el castigo que han recibido es una multa de 300 euros para cada uno. Además, se eliminan las inhabilitaciones para ejercer cargo público, a pesar de que ambos están retirados de la vida política.
    Los hechos arrancan hace dieciséis años, cuando el Ayuntamiento convocó una oposición para cubrir una plaza de empleo municipal. Una trabajadora que había estado ocupando  ese puesto acudió a los tribunales y consiguió anular el proceso. El TSJA le dio la razón y obligó al Consistorio a readmitirla en su puesto y a pagarle casi 33.000 euros en concepto de atrasos.
    Entre 1999 y 2003, cuando María Inmaculada Ortega era alcaldesa, llegaron al Ayuntamiento “numerosos requerimientos” para hacer cumplir esa resolución judicial. Sin embargo, la trabajadora no fue readmitida en su puesto de trabajo hasta el año 2002. No obstante, todavía quedaban los atrasos.
    El 17 de junio de 2003, el andalucista Juan Escudero accedió a la Alcaldía del municipio. Recibió otros requerimientos para que terminara de aplicar la sentencia, es decir, que pagara los casi 33.000 euros que el Ayuntamiento debía a la trabajadora. Sin embargo, no llegó a pagarle ni un sólo euro. Por ello, ambos se vieron ayer delante de la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén. Reconocieron su autoría de los hechos relatados por el Ministerio Público, a cambio de que fueran calificados como una falta leve de desobediencia.
    Con respecto a la responsabilidad civil, la juez Valle Elena Gómez aseguró que determinará la cuantía de la indemnización a la trabajadora en el trámite de ejecución de sentencia. Se cierra así un proceso judicial que arrancó en el año 1993.