Dos casos de violencia sangrante que llaman a la reflexión

Todas las miradas se centran ahora en la Ley del Menor y en la supuesta impunidad de algunos de los agresores por el hecho de no alcanzar la edad penal y la paradoja de que gozan de una protección más allá de la que tienen las propias víctimas. Ese es uno de los argumentos que más se escuchan desde diversas instancias, pero no hay que olvidar que este tipo de cuestiones no se pueden plantear “en caliente”, como ayer comentaba el presidente de la Audiencia Nacional, porque se cae en una demagogia populista. También el Defensor del Menor insistía en que antes de asumir cambios en la legislación es preciso asumir que la “culpa” debe ser, en todo caso, compartida entre los padres y la sociedad.
En cualquier caso, y de forma paralela a cuestionarse el papel de la Justicia, es obvio que la sociedad no debe quedarse en ese punto. Más allá de modificar o no la ley, es fundamental mirar a la familia, al entorno más cercano de menor y preguntarse en qué se falla para llegar a semejantes extremos de violencia innecesaria. La sociedad vive instalada en una permisividad peligrosa, una clara falta de valores y de referentes culturales que dan como resultado conductas de auténticos delincuentes. Tampoco ayudan los patrones de comportamiento, cargados de violencia, que pueden ver a diario en los medios de comunicación y en su entorno más cercano. Cambiar el modelo educativo que se respira tanto en los colegios como en los hogares es determinante para que nuestros menores crezcan en la responsabilidad y la madurez. La Justicia es ciega, unas veces más que otras, pero la familia tampoco puede mirar hacia otro lado.