Doce detenidos por fraude en relación a cursos de formación

Las pesquisas se centran, hasta ahora, en las provincias de Málaga o Almería, pero con estos arrestos ya se extiende también en Granada.
De hecho, según la UDEF, estas supuestas irregularidades se detectaron en 17 de las 20 empresas o personas físicas beneficiarias en Málaga, pero podrían existir casos similares en otras provincias andaluzas, como el caso de Almería, de forma que la Fiscalía malagueña derivó el asunto en lo que respecta a esta provincia. Recientemente, la Fiscalía de Málaga solicitó al juzgado la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se detectaron estas irregularidades, así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones, según informa la agencia Europa Press.
Decisión.El ministerio público decidió remitir el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados a un juzgado de Málaga capital para que se investigase y llevasen a cabo diligencias de pruebas, al estimar el fiscal que de lo averiguado hasta ahora y con los informes policiales que existen “se desprenden indicios de responsabilidad penal”. Inicialmente, se apunta a que los hechos investigados podrían constituir, presuntamente, delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que tendrá que decidir respecto a las solicitudes de declaración y otras peticiones realizadas por el fiscal del caso.
La Fiscalía acordó, en mayo de 2013, iniciar unas diligencias de investigación al recibir un informe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se aludía a presuntas irregularidades en la obtención de ayudas por parte de personas y empresas en el marco de los planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía. En informes posteriores se aludía a la falta de control.
Por su parte, la Fiscalía de Almería remitió también al Decanato la denuncia para pedir que se judicialice la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía para cursos de formación en los años 2010 y 2011 al considerar que podrían existir indicios de delito.  Aprecia que los hechos recogidos podrían ser constitutivos de supuestos fraude de subvenciones, estafa y otros.