Detenido un empresario almeriense en una operación contra el blanqueo de capitales

La Guardia Civil, en la segunda fase de la 'Operación Jable', ha  registrado los domicilios de los siete detenidos, entre ellos un  empresario almeriense, durante esta mañana, interviniéndose  "abundante" documentación tanto en soporte informático como en papel,  que está siendo analizada por los investigadores.

    23 abr 2010 / 18:32 H.

    En concreto, y según informó la Benemérita en un comunicado, los  arrestos se produjeron hoy en las islas de Gran Canaria y Lanzarote,  así como en Almería, deteniendo a siete personas como presuntos  autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de  documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Entre los detenidos está el abogado Francisco Rodríguez-Batllori  (CC), que fue consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y  Seguridad del Gobierno de Canarias, además de diputado en la Cámara  regional. Asimismo, se ha procedido al arresto de Susana Martín  Martín, hija de Dimas Martín, histórico líder del Partido de  Independientes de Lanzarote (PIL).

    Además, entre los detenidos hoy también está José Miguel Rodríguez  Sánchez (PIL), ex concejal de Ayuntamiento de Arrecife; Carlos Matías  Curbelo Delgado, funcionario del Ayuntamiento de Teguise; Samuel  Lemes, piloto de rallyes y ex campeón de España; el constructor José  Ramón Vizcaíno; y el empresario José Gonzalo Gil Acosta, de Almería.  A estas detenciones, y en una primera fase de la 'Operación  Jable', se unen las que la Guardia Civil ya realizó el pasado lunes  en la isla de Lanzarote y Madrid, que tuvo como resultado un total de  ocho personas arrestadas como presuntos autores de delitos de  cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a  funcionarios públicos.

    DOS TRAMAS EN ESTA SEGUNDA FASE

    Esta segunda fase de la investigación se ha centrado  principalmente en dos tramas, por un lado, la relacionada con los  supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales,  "dirigida por un ex alto cargo público en connivencia con varios de  los empresarios detenidos". Así, la investigación ha puesto de manifiesto que, a través de un  "importante entramado" empresarial y utilizando a varias personas que  actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus  bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la  Administración de Justicia.

    Por otra parte, la otra de las tramas está relacionada con  supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de  empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios  no prestados. Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias  sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.

    "LA TRAMA ORGANIZADA MAS IMPORTANTE" DE LA ISLA

    La 'Operación Jable', que se investiga en el marco del 'Caso  Unión', comenzó el pasado lunes cuando agentes de la Guardia Civil  registraron varias dependencias del Cabildo de Lanzarote, una  sucursal bancaria, así como domicilios y empresas del entramado de  corrupción. La investigación ha permitido desarticular "la trama organizada  más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales  a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos  públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en  dichas actividades", según informó la Benemérita en un comunicado.  Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por  servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o  la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de  decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos  pertenecientes a la organización.

    CONTINUA ABIERTA

    La organización investigada se ha desarticulado a raíz del  análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de  Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la  'operación Unión' llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil. La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de  Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia  Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de  Arrecife  y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario,  continúa abierta.