Desesperación por un techo

Tiene dos hernias discales y problemas importantes en una pierna que le han llevado a perder el 60% de la musculación. Con un 33% de minusvalía, Alberto Urbano asegura estar “bastante limitado” para trabajar y mantener a una familia de dos vástagos y un alquiler de 300 euros —sin incluir los gastos de luz y agua— que se “chupa” casi el 40% de los ingresos que suman él y su mujer juntos gracias a las ayudas del Estado. De hecho, todas las ganancias de la pareja se reducen a los 540 euros mensuales que él recibe del Gobierno y a los 420 euros, aproximadamente, que ella cobra por la ayuda familiar. “Pero —apostilla el villanovero— se le acaba ya mismo” y la “desesperación” cunde entre el matrimonio, que lleva, desde agosto de 2008, solicitando una vivienda de protección oficial, en la pedanía de La Quintería, que, según Urbano, está deshabitada.
“[La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA])] se la adjudicó a un muchacho, pero —asegura Urbano— no vive en ella”. Y, para justificar afirmaciones y datos de los que es conocedora la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, apunta una prueba concluyente: los hijos del actual “propietario” están escolarizados en un municipio de Sevilla. “Cuando me enteré de que existían estas anomalías y de que a él no le hacía falta la vivienda, lo denuncié al Ayuntamiento y a EPSA y la solicité”, explica el villanovero. Pero así lleva desde 2008 y no ve avance alguno, incluso cuando sabe que la Junta de Andalucía ha abierto un expediente de desahucio al actual dueño. “Lo que falta es la orden del juez”, lamenta Urbano, que comenta también que compró un piso en Mengíbar y, al final, se vio obligado a venderlo “porque no podía pagar la hipoteca”. Entonces, recurrió al alquiler de una vivienda, pero, dadas las circunstancias en las que se encuentran él y su familia y en plena crisis, pagar 300 euros es difícil. Sin embargo, imagina: “Si nos concedieran esta vivienda protegida, que tiene un alquiler bajito, de 38 o 40 euros, solo con mi paga, podría hacer frente a casi todos los gastos”.
No obstante, sus sueños y su desesperación topan con el poder judicial y la Administración pública. El delegado de Obras Públicas y Vivienda, Rafael Valdivielso, precisa que EPSA le envió al actual propietario la orden de desahucio y que este presentó recurso de alzada. “El caso está pendiente de contestación por los juzgados”, añade, aun cuando corrobora: “Efectivamente, hemos detectado que este hombre va y viene y que no tiene a los hijos escolarizados allí”. No obstante, también apunta que, en las últimas tres visitas “por sorpresa”, que ha realizado personal de EPSA a la vivienda, “siempre estaba allí”.
Por otra parte, indica que, en La Quintería y en Villanueva de la Reina “hay muy pocos movimientos” en las VPO. “Esta promoción tiene 50 viviendas y, en 5 años, sólo ha habido seis nuevas adjudicaciones”. Pero, de todas formas, si se llevara a cabo el desahucio, aclara el delegado: “Se abriría un proceso de adjudicación a través del Ayuntamiento, cualquier vecino necesitado la podría solicitar y, en  función de un baremo, se le adjudicaría”. Y sentencia tajante: “Son procesos transparentes y no podemos dar a dedo una vivienda”.  Nuria López Priego / Jaén