03 oct 2015 / 09:11 H.
Sin garantías ni intenciones de solventar el problema con la empresa y las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a la dependencia al Ayuntamiento de Jaén. Si bien es cierto que los problemas de financiación de este servicio son comunes en muchas autonomías y ciudades españolas, con el Gobierno central en retirada presupuestaria, y, por lo tanto, el peso del gasto en manos de las comunidades y ayuntamientos, lo que ocurre en Jaén es de lamentable. A los retrasos en los pagos reconocidos por la Junta, se suma que, cuando ingresa, el Ayuntamiento no transfiere la cantidad total a la empresa. A eso, además, hay que sumar el triste episodio judicial en el que una sentencia tuvo que recordarle al Ayuntamiento que debía garantizar el servicio ante su intención de renunciar a él. Como reconocía la sentencia deben primar los intereses de los afectados, pero parece que la prestación quema en manos políticas. Ahora, con 2,5 millones de euros de impago y, sobre todo, la sensación de que la posición del Ayuntamiento no variará, la empresa baraja la opción de dejar de prestar el servicio. Como ruido de fondo el Ayuntamiento dirige sus dardos hacia la Junta, ésta solo reconoce retraso en tres meses que supondrían 720.000 euros, muy lejos como recuerdan desde el comité de empresa de los totales que se adeudan. La táctica dilatoria y de generar polémica queda reducida a una falta de compromiso político municipal clara. Por un lado está la importancia del servicio en sí y, por otro lado, las dos nóminas que dejan de entrar en las casas de las trabajadoras. Una situación insostenible que debería quedar solucionada de una vez por todas. La presión de una huelga es la única opción para ellas.