Demanda por la muerte de un bebé por tosferina
El pequeño Enrique murió en el Hospital Maternal en la madrugada del pasado 8 de enero. Tenía 24 días. La autopsia desveló que fue víctima de una tosferina maligna. Sus padres consideran que el sistema sanitario falló y que pudo hacer más para evitar el fallecimiento del bebé. Por eso, los progenitores han interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud. En ella, solicitan una indemnización de 37.686 euros por un “anormal funcionamiento del sistema”.
El escrito, que es la vía previa a los tribunales de Justicia, se basa en dos argumentos fundamentales: el primero es que la madre no recibió información sobre “el repunte de la tosferina” que se produjo en esa fecha ni tampoco de que la vacunación durante el tercer trimestre del embarazo es “una medida preventiva eficaz para evitar el contagio de los recién nacidos”. El segundo argumento que esgrime la familia es que los pediatras que atendieron al niño en un centro de salud de Andújar y en los diferentes hospitales no descubrieron la enfermedad que sufría el bebé. Los padres llevaron al pequeño Enrique por primera vez al médico con solo seis días. Hubo seis visitas más sin que los especialistas atinaran con el diagnóstico correcto. Se le dijo que “no tenía patología” y, después, que sufría una bronquiolitis leve.
El estado de salud del niño empeoró hasta que su situación ya fue crítica. El 4 de enero, con 20 días, presentó un episodio de apnea. Fue derivado desde el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar al Maternal. Ya no tuvo remedio: murió a las dos y media de la madrugada del día 8 de enero, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. La familia considera que se tardó demasiado en ingresar al niño, por lo que, según la demanda, se redujeron sus expectativas de vida. La tosferina puede llegar a tener una tasa de mortalidad de hasta el 70 por ciento. Por eso, la familia pide una indemnización que supone el 30 por ciento —las posibilidades de supervivencia— de lo que marca el baremo legal por la pérdida de un hijo.