Decidida apuesta por la igualdad
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, visitó el Complejo de Atención Especializada para Personas con Discapacidad en Andújar “Virgen de la Cabeza” junto con el alcalde, Francisco Huertas. Recordó que la futura Ley andaluza de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos “reforzar la autonomía personal y primar la garantía de derechos de estos ciudadanos”.
“Lo hará más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales”, señaló la consejera, durante su visita. Este complejo, que se encuentra en marcha desde 2012, cuenta con 39 plazas concertadas, y supuso una inversión para la Junta de Andalucía de 4.527.066,26 euros para su construcción y equipamiento. Del total de plazas, 15 son residenciales para personas gravemente afectadas, situadas en la planta baja del complejo, que cuenta con zonas de esparcimiento y dotación de infraestructuras independientes para ofrecer una prestación de calidad a estas personas. Junto a ello, el centro incluye 24 vacantes residenciales para adultos, situada en la primera planta, que incorpora una unidad de centro ocupacional, en el que las personas atendidas desarrollan diversos talleres para el refuerzo de sus habilidades.
Así, este centro presta todo tipo de apoyo a las actividades de la vida diaria de estas personas, como asistencia sanitaria, fisioterapia, terapia ocupacional, animación sociocultural y asistencia social y psicológica. Este complejo es gestionado por la empresa “Entrepinares del Mercadillo S. L.”. La entidad gestora fue distinguida con una Bandera de Andalucía de la Junta por su labor dirigida al mantenimiento y mejora de la calidad de vida de este colectivo a través de un proyecto centrado en la prestación de servicios de desarrollo personal y social, a las personas con ese perfil.
La Junta reservará el 5% de sus contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a los centros especiales de empleo, empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad. Esta es una de las principales medidas recogidas en el anteproyecto de ley que reforzará los derechos sociales del colectivo. La nueva normativa obligará a la Administración andaluza a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43%, y a reservarle un 3% de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo que se realicen.
Entre los derechos regulados en la nueva normativa, destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autónomo, con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 euros para las que sean clasificadas de muy graves. La nueva ley obligará a regular por decreto en el plazo máximo de un año la atención temprana infantil para menores de seis años. De este modo, se garantizará la respuesta integral a las necesidades de esta población con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos. En el mismo plazo se tendrá que formular el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía. También mantendrá la posibilidad de que la Junta otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad.