Daños colaterales

Hay unos protocolos claros que desembocan en el decreto de desamparo decretado por la Junta y, en el caso de los menores de La Carolina, eso no lo pone en duda nadie. Nadie, excepto los padres, que seis meses después de la medida, no cejan en su empeño por recuperarlos. Lo último, una huelga de hambre que comenzará el lunes, según ha anunciado el padre, Manuel. La madre, en un segundo plano hasta ahora, también ha pasado por la cárcel por su presunta —siempre presunta— participación en el secuestro de los niños del centro de menores en el que se encontraban. Ahora, en libertad con cargos igual que su exmarido, deja todo el protagonismo mediático en manos del progenitor. Una estrategia como otra cualquiera.

Si yo fuera esa madre sin tutela también estaría dispuesta a todo para recuperarlos, pero por la vía legal. Planes al margen de la ley no contribuyen, precisamente, a que se revoque el desamparo. No quiero imaginar la desesperación de esa mujer al pensar que sus hijos iban a irse a vivir con familias de desconocidos, pero es evidente que el fin no justifica los medios. El problema es de fondo y al fondo deberá llegar esa familia, con la ayuda de las administraciones, porque solos tampoco podrán. De etnia gitana, con antecedentes penales, un juicio pendiente este mismo lunes por robo… eso no ayuda.

Y, en medio de un circo mediático espectacular como el que hay organizado, no se puede perder de vista que lo primordial es preservar a los niños y su bendita inocencia. Pero no solo a los tres hijos de esta pareja en cuestión. Hay daños colaterales: los otros menores, los compañeros del centro, que asisten perplejos a un movimiento inusual en el que están envueltos sin comerlo ni beberlo. A ver cómo afecta a esas criaturas que haya cinco, ocho o diez cámaras apostadas en la puerta todos los días. A la Junta corresponde la responsabilidad de evitarlo, de trasladar el foco informativo a kilómetros de allí.

Del “rapto” a los calabozos. El martes 2 de junio era detenido Manuel M. acusado de colaborar en la desaparición de sus tres hijos pequeños del centro de menores de La Carolina al que fue a visitarlos. Comenzaba una odisea judicial que no ha terminado, ni mucho menos. Los menores eran localizados en Madrid con su madre y una tía, que fue la que dio la voz de alerta a la Guardia Civil. El padre y la madre están en libertad con cargos. Agentes de la investigación destacan que la familia actuó con métodos propios “de una organización delictiva compleja”.

(Publicado en la sección Pongamos por caso de Diario JAÉN, en su edición del pasado domingo 14 de junio)