Daño irreparable cuando falla la presunción de inocencia
Cuando esta semana se conocían los detalles de la muerte de una niña de tres años en Tenerife y a manos, supuestamente, de su padrastro saltaron todas las alarmas, hasta el punto de que los medios de comunicación hicieron amplio despliegue con la noticia. El pasado sábado, incluso, el rostro del hombre fue portada en periódicos de tirada nacional, en los que se daba por hecho su culpabilidad.
Hasta el propio Gobierno canario convocó un minuto de silencio a las puertas del Parlamento el viernes en repulsa por lo sucedido. Ahora, un juzgado del municipio canario de Arona lo ha dejado en libertad sin cargos, después de conocerse el resultado de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal a la pequeña, un informe que revela que su fallecimiento se produjo por causas naturales, al parecer por la caída de un columpio días atrás, tal y como sostuvo el detenido desde un primer momento, junto con su compañera sentimental y madre de la niña. Pero el daño moral está ya hecho. En un primer informe, que después fue descartado, se apreciaban incluso síntomas de agresiones sexuales, circunstancia que daba al caso una mayor carga de repulsión social. Sin embargo, después de permanecer varios días detenido y con una impresionante lluvia de noticias en las que se le daba por culpable, la misma Justicia que decide dejarlo libre por completo. Se plantea ahora el interrogante decisivo: ¿por qué se ha violado la presunción de inocencia de una forma tan flagrante y precipitada? Hay que pararse a reflexionar, muy seriamente, qué es lo que ha fallado para que todos los protocolos se activasen sin una certeza plena de que existía maltrato real. Y, sobre todo, cómo es posible que sea condenado por la sociedad antes de llegar a juicio. Es duro perder a un hijo, pero ese dolor no tiene consuelo si, además, se acusa a sus padres de manera injusta de haber sido los responsables de su muerte.