Cuestión de prioridades
Hace unos días que el Gobierno de turno tomó la decisión de no actualizar las pensiones con el IPC, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de los jubilados que se deriva de esta medida tan responsables según el criterio de la ministra de Empleo. Es muy de agradecer el esfuerzo tan importante que ha realizado el Ejecutivo para garantizar las pensiones e incrementarlas en la medida de lo posible según nos alecciona la señora Secretaria General del Partido en el Poder en su vehemente defensa de tan dura decisión que tanto dolor y desgarro ha costado tomar al señor Rajoy, ya que supone incumplir la última promesa electoral que le quedaba incólume hasta tan triste día.
Después de este recorte que afecta de nuevo a las clases más débiles y desfavorecidas ya debe saber el pueblo hasta qué punto se puede llegar en el incumplimiento de los programas y promesas electorales. Pero aquí no pasa nada, y esta medida, aunque sea insolidaria e incluso puede que no legal, supone un ahorro de dinero que es imprescindible, sin que de ella se derive una pérdida de votos, porque no hay elecciones a la vista y ya se encargarán de recordar una y otra vez que “los otros” no revalorizaron las pensiones. Esta reflexión viene a cuento porque esta manera tan ingrata de proceder no se compadece en absoluto con el gasto que representan algunos órganos del Estado, que están ahí desde que se aprobó la Constitución y al día de hoy nadie sabe para qué sirven, si es que sirven para algo que no sea dilapidar el dinero de los contribuyentes. Por poner un ejemplo se podría citar al Senado, que acaba de gastarse una buena suma de dinero en una página web nueva en la que se puede ver cómo los señores senadores, en número de unos 265, entre sueldo, complementos mensuales en función del cargo, indemnizaciones (libres de impuestos), dietas y demás emolumentos perciben alrededor de 7.500 euros mensuales, lo que supone un gasto medio de 24 millones de euros anuales, que sumados a los gastos de personal, mantenimiento y demás partidas cuesta alrededor de 55 millones de euros, que es de forma aproximada la partida asignada en los presupuestos generales del Estado. Aparte están las pensiones, las indemnizaciones por cese de la actividad parlamentaria y demás prestaciones económicas a los ex parlamentarios. Después de 34 años de vigencia de la Constitución, todavía el Senado no ha realizado ninguna función que pueda considerarse de valor tangible para el pueblo, ni se ha convertido en la Cámara de representación territorial que se supone debiera ser. En estos tiempos de crisis que impone recortes tan graves como el que se acaba de producir en las pensiones, habría que pensar en dar ejemplo de austeridad en el gasto y sería muy deseable eliminar órganos estériles. El Senado es uno de ellos.
Paco Casas es escritor