Cuando el IRPF te persigue como un perro rabioso

Sin embargo, llega un momento en que el uso y el abuso demagógico —y político— de este mecanismo se sale de sus cauces igualitarios para pasar a ser un medio de discriminación y persecución para el que paga, para el que aporta y, por lo tanto, para el que mantiene los servicios públicos. En Andalucía por lo menos, que es lo que yo conozco, el IRPF de los ciudadanos aportantes se ha convertido en algo así como un pecado original, en un estigma que los persigue a diario a sus pretensiones para acceder a cualquier ayuda de sus administraciones. Esto es inmoral y devastador para el tejido social, y la base de mi afirmación es muy clara: si con el IRPF igualamos anualmente las rentas de la población ¿por qué una vez que pago ese impuesto éste sigue persiguiéndome ferozmente para negarme cualquier tipo de asistencia o ayuda? Becas, guarderías, comedores, colegios, residencias geriátricas, ayudas laborales, etcétera, son negadas a los ciudadanos aportantes porque automáticamente han sido considerados por el sistema como “ricos” y, por tanto, dignos de ser perseguidos y apaleados. Este dogma es una mentira en sí misma porque, como todos sabemos, pasa a considerar como “ricas” a unas clases medias —por no decir asalariadas— cada vez más empobrecidas por el aumento de los precios, los recortes salariales y la presión fiscal, y porque se niega a considerar, ni siquiera mínimamente, como factor de rectificación, el alto índice de economía sumergida existente en nuestra región y, en general, en el resto del territorio nacional, lo cual favorece a miles de infractores a la hora del reparto de las ayudas. Como la demagogia política en el uso y abuso del IRPF se ha consolidado a lo largo de los años, algunos lectores alegarán, a la vista de mi opinión, que si no se tiene en cuenta el IRPF pues entonces habrá que darles becas a los hijos o nietos de los Botín o los Duques de Alba. Este argumento demagógico lo único que nos muestra es cómo el sistema ha conseguido equiparar las clases medias o asalariadas a las clases ricas, fundamentalmente para empobrecer a las primeras. Lo que yo quiero defender en estas líneas es que, para empezar, en cualquier sistema de reparto pueden y deben exister unos topes a partir de los cuales no sea posible conseguir ayudas (como, por ejemplo, sucede con las subvenciones agrarias venidas de Europa); con esto, se limitaría el acceso de los ricos a estas ayudas. Por otra parte, defiendo que es necesario y urgente moderar el uso del IRPF como criterio de selección o, más concretamente, en el caso que nos ocupa, de exclusión, y dotar de más importancia otros criterios postergados interesadamente como, por ejemplo, el número de hijos en las familias, la edad de esos hijos y el grado de dependencia, el lugar de residencia y de trabajo de los progenitores, las minusvalías en el ámbito familiar, la propiedad o no de la vivienda familiar habitual y, en caso de propiedad, la cuantía de la hipoteca que pesa sobre ella, la situación patrimonial —rústica, urbana y bancaria— de los padres del solicitante, etcétera. También, y por qué no, el rendimiento escolar de los alumnos, pues si no me equivoco el sistema pretende recompensar y fomentar el mérito personal.