Cordura judicial en la lucha política contra el entorno de ETA
La lucha contra el entorno de apoyo a ETA requiere de muchos esfuerzos coordinados de ámbitos distintos. Con la llegada al poder en el País Vasco de un “lehendakari” no nacionalista la pretensión de sacar de la calle las expresiones relacionadas con la violencia se ha convertido en objetivo prioritario.
Para conseguir estos logros que, en definitiva, persiguen un fin de sentido común como es el de no entronizar a los verdugos se requiere, además de la intención política, de un soporte jurídico y un despliegue policial. Los cambios en la lucha contra este entorno social son notables y reconfortantes para las familias de las víctimas y para la sociedad democrática en su conjunto. No obstante, también se dan episodios jurídicos como el de esta semana en el que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuanto menos contradictoria, permitirá exhibir fotografías de presos etarras en concentraciones en Mondragón. Contrasta esta sentencia, en la que se aduce que los motivos para la prohibición no estaban suficientemente argumentados, con el criterio esgrimido por la Audiencia Nacional para acabar con esta exhibición anormal de símbolos que son apología y defensa de los terroristas. Al final, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha puesto cordura jurídica a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y se prohíben los actos en apoyo a terroristas en Mondragón. De esta forma, se tranquiliza a las víctimas y a los partidos políticos que ponían en entredicho la decisión judicial. Al margen del soporte legal que la justificara, el ejemplo esgrimido por las víctimas es elocuente: “¿Sería normal exhibir en la Feria de Sevilla la foto del presunto asesino de Marta del Castillo?. Una buena pregunta que, en este caso, deberían contestar los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.