Control de la legalidad administrativa
El Consejo Consultivo de Andalucía, con sede en Granada, es el órgano superior de control en la comunidad autónoma, al que están obligados a solicitar dictámenes el Gobierno andaluz, las diputaciones y ayuntamientos, las universidades públicas y las corporaciones de Derecho Público. Es independiente, por lo que no depende de ninguna institución autonómica. En román paladino, su función está muy definida: es el que vigila que las decisiones que adoptan los responsables de las distintas administraciones públicas se ajustan a derecho, es decir, no contravienen ni la Constitución Española, ni el Estatuto de Andalucía ni el ordenamiento jurídico vigente. Asume un papel de garante de los derechos de los ciudadanos ante las medidas de las propias corporaciones.
Su actividad no ha hecho más que crecer y crecer a lo largo de los últimos años, tal y como acredita la Memoria Anual, publicada recientemente, y que refleja que el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un tres por ciento más de dictámenes que en 2014. Se han alcanzado 913 resoluciones, de las que 864 se aprobaron por unanimidad y 49 por mayoría. Del total, 55 dictámenes eran relativos a la provincia, lo que representa el 6,02 por ciento.
Y, además de la cantidad, lo más significativo del trabajo de este órgano de consulta es la calidad. De hecho, en el 94,81 por ciento de los casos, las administraciones han dictado resolución de acuerdo al dictamen señalado por el Consejo Consultivo. Tan solo en un 5,19 por ciento de los asuntos se apartaron de la resolución.
Entre los dictámenes emitidos, destacan siete anteproyectos de ley, 28 proyectos de decreto, cinco proyectos de orden y ocho recursos de inconstitucionalidad. Conviene destacar que supone un incremento sustancial de la actividad normativa del Consejo de Gobierno con relación al año anterior, revistiendo especial relevancia el aumento de los recursos de inconstitucionalidad que han pasado de cuatro en 2013 a ocho en 2014. Esto, según el Consultivo, viene a evidenciar la determinación de la Administración Autonómica en la defensa de las competencias que tiene Andalucía recogidas en el Estatuto de Autonomía de 2007.
En relación a los dictámenes de responsabilidad patrimonial de las administraciones, en 2014 se emitieron 470, por 393 del año anterior. Supone un incremento de 77 dictámenes y un porcentaje de crecimiento del 19,57 por ciento. Relativos a la provincia de Jaén se dictaron 16, de los que diez fueron por caída peatonal. Esto significa una intensificación del papel del Consejo Consultivo en la protección de los derechos de los ciudadanos ante los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos.
En los dictámenes relativos a resolución, interpretación y modificación de contratos se ha pasado de 109 en 2013 a 89 este año, un descenso significativo de 20 dictámenes menos. Solo dos de esas resoluciones fueron relativas a la provincia.
Igualmente, los dictámenes relacionados con las revisiones de oficio han disminuido de 281 en 2013 a 223 en 2014, 58 dictámenes menos, un 20,6 por ciento. Ambos datos sugieren una mejora en el cumplimiento de las obligaciones por las partes contratantes.