Contra los fraudes catastrales
Si, alguno de estos días, entre este mes que tarda en despedirse y el próximo agosto, se cruza con un “vehículo con cámaras laterales”, es muy probable que usted esté ante el equipo con el que la empresa de Murcia subcontratada por la Gerencia Territorial del Catastro está “fotografiando, a pie de calle”, las “entre 5.000 y 5.100 incidencias” que el equipo de Gobierno local sospecha que hay en los inmuebles jiennenses.
Haciéndose eco de la información que le ha trasladado este órgano dependiente del Ministerio de Cristóbal Montoro, el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, hizo hincapié en que “esta regularización viene impuesta” y negó, frente a las críticas del PSOE, que sea la antesala de un nuevo catastrazo en 2015.
Esta inspección tributaria, concretamente, responde a una iniciativa de la Dirección General del Catastro que tiene como objetivo luchar contra el fraude e impulsar la financiación local incorporando al Catastro todos los bienes inmuebles omitidos o que estén inscritos de forma incorrecta o incompleta. Pero —como reiteró ayer el concejal y aparece también en la cuarta revisión del plan de ajuste que se elevó al Ministerio el pasado día 15— esta regularización catastral no implica una nueva revisión de los valores. De hecho, la revalorización de los tipos — apuntó Bonilla— ya “ha llegado al tope máximo”, tras la revisión que se formuló en 2014 y que entró en vigor a principios de año.
El procedimiento implica un coste para el ciudadano de 60 euros por inmueble regularizado y la tramitación comenzará en el último trimestre de este año. De las incidencias detectadas, el 40% se estiman totales y el 60% parciales y en su conjunto generarán unos ingresos puntuales en concepto de atrasos no prescritos de 4 millones de euros entre 2016 y 2017. Al año, supondrá que el Ayuntamiento obtendrá 1,3 millones por la recaudación del IBI.
Pero estos no son los únicos ingresos que el equipo de Gobierno local contabiliza en la enésima vuelta de tuerca que da al plan de ajuste para que el Ayuntamiento pueda beneficiarse de las burbujas de oxígeno que periódicamente lanza el Estado —la última, el Fondo de Ordenación de 2016—. Entre las medidas que contempla para ahorrar 13,5 millones de euros, se llevará a cabo una campaña de inspección de las empresas que explotan bienes y servicios y de la tasa del 1,5% que tienen fijada por la utilización privativa y aprovechamiento especial. El ahorro estimado ronda los 260.000 euros. El mismo montante que deriva de la reducción de las aportaciones a los grupos municipales (261.000 euros). Además, se prevé un ahorro en el gasto financiero de 580.000 euros y de 245.690 euros por la salida del Ayuntamiento del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana. Un gasto, que —apuntó Bonilla—: “En la situación en la que estamos, el Ayuntamiento no se puede permitir”. Si esto significa un portazo a la propuesta de la Junta para que el equipo de Gobierno reconsidere su decisión, el edil contestó con mucha prudencia que la respuesta excede las competencias de su área.
Tanto con el Fondo de Ordenación, como con los anticipos de la PIE y de la Patrica que se elevarán al pleno del jueves —estos últimos para “asegurar liquidez a corto plazo”—, el objetivo de la Concejalía de Hacienda es arañar los millones de euros que el Ayuntamiento necesita para cerrar el agónico ejercicio de 2015, garantizando el pago de casi 1.500 nóminas y servicios públicos “básicos”, como la recogida de basura, la luz, el agua, la limpieza o los servicios sociales municipales.