Continúan las órdenes de derribo de chalés en el Charco de la Gallina

para cambiar la tipología de estos terrenos de suelo rústico a urbanizable.
Gustave Flaubert escribió en una ocasión que la contradicción es lo que mantiene la cordura en su sitio. Tan solo unos días después de que el Ayuntamiento de Bailén anunciara que estima las alegaciones que los vecinos del Charco de la Gallina presentaron al Plan General de Ordenación Urbana para modificar la tipología de estos terrenos de suelo rústico a urbanizable, los acusados de supuestos delitos contra la ordenación del territorio en la zona tildan de “incongruente” la actitud del equipo de Gobierno que encabeza la socialista Simona Villar ante la nueva resolución de derribo de una vivienda que han recibido.
Se trata de la cuarta disposición de este tipo que emite el Ayuntamiento de Bailén, aunque dos de ellas dejaron de ser resoluciones para convertirse en órdenes firmes de demolición y para una en concreto ya pasó el plazo de derribo. Su propietaria es María Isabel Romero. Fue una de las primeras vecinas de El Charco de la Gallina que vio cómo precintaban su “humilde” chalé, en julio, por orden judicial, cuando en su mano otro fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Linares dictaba la prescripción del delito contra la ordenación del territorio. No había acabado el mes cuando recibió la resolución municipal que la instaba a demoler las “obras ilegales” y, aunque, en octubre, la Audiencia Provincial ordenó el levantamiento del precinto, la resolución del Ayuntamiento siguió su curso. “A principios de noviembre” —apunta la afectada—, venció el plazo que la Administración local le había dado para derribar lo que ella considera que “no es ningún palacete”, de 47 metros cuadrados. Pero no lo ha hecho. “La única vía que me quedaba era derribarla o recurrir a la Justicia”, explica, y optó por lo segundo. Así, comenzó un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento que, por ahora, mantiene a raya la sanción de seiscientos euros mensuales que tiene que pagar por cada treinta días que pasen sin haber ejecutado todavía el dictado municipal. “No sé qué va a pasar        —comenta—. Pero si las alegaciones al PGOU ya están aceptadas, no entiendo por qué continuar con la orden de derribo”.
En la misma línea, las dos últimas resoluciones están emitidas contra viviendas cuyos precintos levantó o paralizó la Audiencia. Por este motivo, y ante una actitud “incomprensible, a no ser         —aventuran— que [la alcaldesa] tenga algo personal” contra ellos, los vecinos del Charco de la Gallina solicitaron, la semana pasada, a los tres grupos  municipales de la oposición —PP, AIB e IU— a que intervengan. Para ello, les recuerdan que la Corporación aprobó, en el pleno del 30 de septiembre, la paralización cautelar de  los expedientes administrativos de estas órdenes de derribo.
Cabe apuntar, no obstante, que cuando el Ayuntamiento anunció la estimación de las alegaciones, fuentes municipales también señalaron que, a pesar de resultar “contradictorio”, las órdenes de derribo podrían continuar porque, hasta que el Plan General de Ordenación Urbana no esté aprobado con carácter definitivo, el suelo del Charco de la Gallina sigue siendo rústico.