Consumidores contra Aqualia por “comerciar” con sus datos
Junto con la publicidad comercial, las facturas constituyen la parte más odiada de una correspondencia postal que apenas deja ya su huella en los buzones de las casas. Pero, si abrir estos sobres y ver a pie de página, unas tras otras, las obligaciones de pago contraídas no fuera suficientemente fastidioso, aún es más desagradable descubrir que van a compartir tus datos personales con otra empresa para que esta te venda sus servicios. Pues bien, esta es la sorpresa que acompañaba a la factura del agua el pasado mes de julio y contra la que, la próxima semana, diferentes asociaciones de consumidores, lideradas por Facua, y la federación de vecinos Objetivos Comunes interpondrán una reclamación en el Ayuntamiento.
En esa misiva, la concesionaria del servicio del agua en la capital, Aqualia, solicita a los ciudadanos su “autorización para remitirles información” sobre novedades o actividades del Ayuntamiento o de la propia empresa relacionadas con “servicios municipales, gestión integral del agua y sectores de deportes y bienestar”. Pero, además, “informa” de que ha llegado a un acuerdo “con Reparalia Direct, S. L. y cualquier otra empresa de su grupo” para que esta pueda ofrecer a los clientes “servicios o contratos de seguros relacionados con el cuidado de las instalaciones de fontanería, reparaciones, mantenimiento y cuidado del hogar, de manera personalizada”.
Aunque el acuerdo está cerrado, “de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos”, Aqualia está obligada a pedir a los consumidores su consentimiento. Y lo hace, pero —como critica, desde “OCO”, María Cantos— de una forma peculiar. En vez de solicitar su autorización expresa, les pide que, si no están de acuerdo con esa transferencia de datos, la rechacen. Para ello les da 45 días, y les comunica que la forma de hacerlo es o llamando gratuitamente al telefono 900 811 808 o, por correo electrónico, en consentimientocli@fcc.es. “En caso de no recibir comunicación en el plazo indicado —concluye la misiva—”, se entenderá que el cliente acepta la cesión de datos. Y es precisamente esto lo que tiene de uñas a organizaciones de consumidores y vecinos.
No solo no les consta que esta acción esté aprobada por el Ayuntamiento, sino que consideran que, con ella, la concesionaria del agua vulnera valores éticos: “Se están aprovechando de una situación privilegiada, configurada en la concesión administrativa de gestión de un servicio público, con la que cuentan con todos los datos de todos los suministros de agua de Jaén, para especular y beneficiarse, al comerciar con los datos de los ciudadanos”.
Denuncian que el mecanismo que se contempla para oponerse a la cesión de la información puede ser un obstáculo para que personas de edad avanzada lo hagan, puesto que son pocos los que manejan las nuevas tecnologías, y alertan: “La llamada de teléfono no constituye una forma fehaciente para la comprobación de la realización de la negativa a la autorización”. Por todo ello, exigen que Aqualia desista de esta práctica sin el acuerdo expreso de cada ciudadano, puesto que —rematan en la reclamación que interpondrán en el Ayuntamiento—: “El hecho de no manifestar su negativa, por las vías facilitadas, no constituye prueba inequívoca del consentimiento y la voluntad de [los clientes] recibir información u ofertas comerciales de terceros.