Condenados tres empresarios por fraude en las subvenciones
Tres de los siete antiguos administradores de Renovables Biocazorla —una empresa dedicada a la fabricación de maderas “pellet”— aceptaron ayer una condena de tres años y medio de cárcel por haber cobrado de forma indebida cerca de dos millones de euros en subvenciones públicas. Se declararon culpables de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Se conformaron con las penas solicitadas por el Ministerio Público, una vez que el fiscal retiró su acusación por delito societario y rebajó prácticamente a la mitad su petición inicial de condena, que era de ocho años y siete meses de prisión.
Ahora, las defensas de los empresarios volcarán todos sus esfuerzos en pedir la suspensión de las penas. Así lo explicó Antonio Barrios, el abogado de uno de los procesados, quien señaló que firmaron el acuerdo de conformidad para garantizar que ninguno de los condenados entre en la cárcel. “Como ninguno de los dos delitos supera los dos años de prisión y el nuevo Código Penal permite que se computen por separado, no tendrán que ingresar”, dijo el letrado. Además, quiso remarcar que “nunca se cobró ilegalmente” las subvenciones y que las ayudas fueron destinadas a la construcción y financiación de la empresa”. Añadió que el caso se destapó a raíz de que la sociedad fuera vendida, lo que originó que el comprador presentara una denuncia por las irregularidades que han acabado en este juicio.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando siete socios fundaron la sociedad Renovables Biocazorla. Sin embargo, ninguno realizó aportación económica alguna para la creación de la firma. Esa “falta de capital en su inicio” hizo que los administradores tuvieran que acudir a la financiación externa, en concreto, a las ayudas públicas. Pidieron subvenciones prácticamente a todas las administraciones entre los años 2006 y 2010. En cinco de los expedientes se produjeron irregularidades, tal y como afirmaba el fiscal en su escrito de acusación, que ayer fue ratificado por los acusados. Así, consiguieron cobrar fondos públicos de forma indebida a través de numerosos mecanismos: “inflar” el presupuesto del proyecto de construcción de la fábrica; falseando determinadas condiciones requeridas en la convocatoria de ayudas para su concesión, o emitiendo facturas falsas.
Además de los tres años y medio de prisión (un año y nueve meses por cada uno de los delitos), los tres procesados también deberán hacer frente a la responsabilidad civil. En concreto, la Audiencia condena a cada uno de ellos a pagar 760.000 euros para hacer frente al dinero cobrado ilegalmente.
Por la cuantía de lo defraudado, se trata de uno de los casos más graves de estas características que se recuerda en los tribunales de la provincia.