Condenados por una estafa en la compra de ciruelas
Dos hermanos, vecinos de Murcia, se declararon culpables de estafar a un grupo de hortelanos de Andújar, a los que pagaron con cheques sin fondos varias partidas de ciruelas. Además, urdieron un plan para ocultar sus bienes y evitar, de este modo, que las víctimas pudieran cobrar las deudas. Los hechos ocurrieron en el año 2008, cuando uno de los hermanos, Mateo S. M., constituyó una empresa dedicada al negocio de la fruta al por mayor. Esa sociedad contaba con importantes deudas, lo que originó que tuviera trabados varios embargos. Aún así, el empresario aparentó una solvencia que no tenía y se presentó ante un grupo de hortelanos de Andújar, a los que compró toda su cosecha de ciruelas. A algunos, solo les pagó una señal. A otros, ni eso. Únicamente les dio talones sin fondo que, lógicamente, fueron devueltos.
Mateo S. M., que está cumpliendo una condena por otros hechos similares, intentó cubrirse las espaldas para que ninguno de los afectados pudiera cobrar. ¿Qué hizo? Junto con su hermano Salvador urdió un plan para ocultar sus bienes. Ambos simularon una deuda que no existía. En virtud de ese supuesto impago, a mediados de 2008, Mateo S. M. transmitió a su hermano dos fincas que tenía a su nombre en el término municipal de Ricote (Murcia).
Ayer, sentados en el banquillo de los acusados, ambos procesados reconocieron los hechos. El empresario aceptó una condena de un año y nueve meses por delitos de estafa e insolvencia punible, mientras que a Salvador le cayó tan solo un año de cárcel por el segundo de los delitos. Tendrán que indemnizar a los once agricultores iliturgitanos con los casi 60.000 euros que estafaron y, además, se declara la nulidad de las escrituras por las que se traspasaron las fincas. La sentencia también incluye el pago de multas por una cuantía de casi 2.000 euros. La resolución es firme, ya que se alcanzó con la conformidad de los procesados delante de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
A partir de ahora, comenzarán los trámites para su ejecución. Los afectados podrán iniciar un procedimiento para tratar de recuperar las cantidades estafadas, tal y como confirman las fuentes judiciales. Son casi 60.000 euros, más los intereses de demora que se han generado a lo largo de los últimos siete años. Lo más normal es que intenten embargar los bienes de los procesados.