Condenados los arquitectos de la residencia Fuente de la Peña

La residencia de mayores más grande de la capital fue inaugurada en febrero de 2007. Apenas dos años después de su apertura, aparecieron las primeras grietas en el edificio. Problemas que se fueron agravando con el paso del tiempo: corrimientos de tierra, humedades, fisuras cada vez más anchas... Todos los intentos por corregir el deterioro del edificio fueron inútiles. Así, el 5 de mayo del año 2013, el consejo rector de la cooperativa de la Residencia Fuente de la Peña adoptó una decisión traumática: desalojar a las 108 personas mayores que vivían por entonces en el geriátrico y presentar un expediente de regulación temporal de empleo para los 56 trabajadores. Desde entonces, la instalación permanece cerrada por las obras de reforma.
Meses antes de la clausura temporal de la residencia, en concreto en septiembre de 2012, sus propietarios presentaron una demanda por los “vicios constructivos” que presentaba el edificio. En concreto, la cooperativa reclamó daños y perjuicios a la empresa constructora, a los aparejadores, a la sociedad que realizó el estudio geotécnico del terreno y a los arquitectos que redactaron el proyecto. Solicitaba que entre todos pagaran 1.642.474 euros, la cantidad en que los responsables del geriátrico habían fijado la reparación total del inmueble.
Tras la celebración del juicio, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén ha dictado sentencia. En su resolución, la magistrada María Victoria Trenado Saldaña considera que los únicos responsables de los defectos que presentaba la residencia fueron los dos arquitectos. De hecho, absuelve a todos los demás demandados. “Las patologías estructurales son debidas exclusivamente a decisiones erróneas de la dirección de obra y en el proyecto”, explica su señoría en la sentencia. Básicamente, estima que los arquitectos no realizaron bien su trabajo. La juez llega a esta conclusión tras escuchar la declaración de varios expertos en la materia.
Defectos. La sentencia habla de que la cimentación del edificio no fue la adecuada, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones especiales del terreno donde se levantó el inmueble y la inestabilidad de una ladera próxima. La empresa que realizó el estudio geotécnico recomendó una inspección detallada del suelo durante la realización de las obras, algo que, según se desprende de la sentencia, no se hizo. Eso originó “las decisiones erróneas” de los arquitectos en cuestiones relativas a la cimentación. Por eso, son condenados a pagar 865.387 euros. La juez fija esa cantidad para hacer frente a las reparaciones necesarias en el edificio. Los dueños de la cooperativa estiman que se necesita prácticamente el doble, en concreto 1.642.474 euros.
La sentencia, que fue notificada ayer a las partes, todavía no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial.