Condenado por tratar a un "empleado" como un esclavo
Jornadas laborales de más de 13 horas diarias, todos los días de la semana. Sin contrato, sin descanso, sin vacaciones y sin salario. Trabajo solo a cambio de la comida, de ropa usada y de un techo compartido con otros compañeros. Esas fueron las condiciones laborales que tuvo que aguantar un ciudadano de nacionalidad pakistaní durante cuatro años. Quien se las impuso fue su patrón, un compatriota que ayer aceptó una condena de dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores. En el juicio, celebrado en el Penal número 1, Beber R. B. aceptó su culpabilidad a cambio de que el fiscal le rebajara la petición de castigo que, inicialmente, era de tres años de prisión.
Los hechos se remontan a noviembre del año 2008, cuando el procesado, que tiene varios establecimientos comerciales en la capital, contrató a la víctima “de manera verbal” como dependiente en uno de los comercios que dirigía, en concreto en una tienda de alimentación. El patrón ya sabía que su empleado carecía de permiso de residencia y de trabajo en España y que se encontraba en situación irregular. Por ello, se aprovechó “de su precaria situación económica” para tratarlo prácticamente como un esclavo. Así, y con la promesa de que le tramitaría la documentación necesaria para poder vivir en el territorio nacional, le impuso unas condiciones de trabajo que iban más allá de la explotación.
La víctima trabajaba todos los días de la semana, con una jornada de trabajo diaria de 13 horas. Los jueves, viernes y sábado estaba detrás del mostrador durante 15 horas. No tenía descanso semanal, ni vacaciones, ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. Su único sueldo era la comida, la ropa usada que había pertenecido al acusado y el “derecho” a vivir en un “piso patera” junto a otros trabajadores.
El 16 de noviembre de 2012, es decir, cuatro años después de que comenzara a trabajar, la víctima acudió a la Comisaría y contó su calvario. Su jefe fue detenido y, ahora, acaba de aceptar una condena de dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Además, también tendrá que hacer frente al pago de una multa de 360. La Fiscalía solicitaba, igualmente, que hiciera frente a todos los salarios que debía haber cobrado, según el informe que realice la Inspección de Trabajo. La sentencia, dictada por conformidad en el Penal número 1, ya es firme.