25 ago 2015 / 08:09 H.
Dentro de las decenas de casos que cada día copan titulares sobre los desahucios o subastas que se producen aún en España, en estos días sorprenden especialmente dos. En Jaén, una familia tenía fecha para la subasta de su vivienda al no poder hacer frente a una deuda que, en principio, era de 1.000 euros y que, al final, supera ya los 13.000 euros. La crisis y un mal asesoramiento pueden hacer perder su vivienda a este matrimonio tosiriano que, ahora, ante la movilización social en el municipio y fuera de él, negocia con el banco para que se puedan acoger al código de buenas prácticas un desahucio a todas luces innecesario cuando la familia, dentro de su escasas posibilidades económicas, está dispuesta a paga su deuda. Se da la circunstancia, además, como constatan desde el propio equipo de Gobierno, en Torredonjimeno existen 250 casas vacías. El contrasentido de manual del sistema inmobiliario español. Pero si sangrante es este caso, más si cabe, es el de la mujer de 63 años que ayer entró en prisión por negarse a derribar la vivienda ilegal en la que residía con 5 personas a su cargo en un Parque Natural de Canarias. Finalmente se cumple una orden judicial que acaba con esta mujer en la cárcel cuando casos similares de construcciones nada humildes como gigantescos hoteles no culminan nunca en sentencias tan ejemplares. La costa española, no solo en las islas Canarias, está trufada de construcciones, muchas de ellas abiertas a la explotación hotelera, que incumplen normas medioambientales y de ordenación de territorio. Sin embargo, el “enemigo” pequeño es el más fácil de perseguir, aunque se cree una situación de desamparo familiar y, por supuesto, un agravio comparativo.