Condena por la venta de parcelas en Marmolejo

El fallo, contra el que cabe recurso, estima que el suelo carece de servicios indispensables, como el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua. Miguel Calabrús Camacho, el abogado que representa a estos ciudadanos, aclara que resultaron reveladores los informes de las empresas suministradoras. Los documentos dejan claro que el promotor de la urbanización, en este caso, el Ayuntamiento de Marmolejo,gobernado en el momento de la operación por el PSOE, no ejecutó las instalaciones necesarias para la potencia eléctrica solicitada. En cuanto al informe de la concesionaria del agua, pone de manifiesto una serie de incumplimientos, como la ausencia de proyecto para el abastecimiento de agua en el polígono o la falta de autorización y de formalización de la concesión para acometer estos trabajos.
Esta situación hace imposible que se conceda la licencia de ocupación de las parcelas, ya que no se pueden emplear para el uso para el que fueron adquiridas. La Justicia considera, por lo tanto, que los compradores tienen derecho a recibir la cantidad invertida, más los intereses generados a lo largo de una década. También condena a la Administración local marmolejeña a hacer frente a las costas del proceso. El alcalde de Marmolejo, Bartolomé Soriano, deja claro que no solo está este proceso en marcha sobre la venta de terrenos en el polígono. Hay otros tres más, de los que tenga constancia. A consecuencia de uno de ellos, emprendido por una constructora, se había decretado el embargo de las cuentas de la Administración local marmolejeña. Precisamente, ayer, el regidor trabajaba para presentar un recurso que dejara sin efecto esta orden, puesto que, según afirma, conforme a la ley los ingresos de los ayuntamientos no pueden ser inmovilizados, al emplearse para la prestación de servicios que son para el bien de la comunidad.
Soriano, que no oculta que entiende a los denunciantes, deja claro que buscará las fórmulas para evitar la quiebra de las arcas municipales por estas operaciones, ya que se enajenaron medio centenar de parcelas. Llegado el caso, por la falta de fondos, los denunciantes cobrarían la deuda en forma de bienes municipales.