Condena a un concejal de Torredelcampo tras una bronca con una edil

En los hechos probados de la sentencia del Juzgado de Paz, a la que tuvo acceso este periódico, se relata que, el pasado 25 de marzo de 2014, tras celebrarse una comisión municipal, dedicada a asuntos urbanísticos, Sánchez López se encaró con la socialista Vicenta Jiménez Barranco, segunda teniente de alcalde, concejal de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, Medio Ambiente y Festejos. Esta política declinó dar su versión sobre el rifirrafe, al contrario que el concejal de MPT. “La tendría que denunciar yo, por prevaricación”, deja claro Sánchez López.

En el origen de lo ocurrido, según el condenado, está su trabajo. Rafael Sánchez López es un veterano feriante que recorre la provincia con sus atracciones, que también coloca en la Romería de Santa Ana. Asegura que, durante la reunión, la socialista, mujer fuerte del equipo de Gobierno, en sus palabras, “en un abuso de poder”, sacó a relucir cuestiones relativas a su profesión. “No nos referíamos a ese asunto, por lo tanto no entiendo el motivo de que hablara sobre ello”, dejó claro. Ello le llevó a recriminar la actitud de la responsable municipal. No es lo que dice la sentencia judicial, que estima que fue más allá de la discrepancia política, ya que, como se recoge en el dictamen, le gritó, la acusó de aprovecharse de su “condición de mujer” y que, además, llegó a acorralar de forma agresiva. Además, el político de MPT no pidió perdón, tal y como le pidió la segunda teniente de alcalde torrecampeña. “No lo hice porque no creo que deba disculparme”, sostiene.

De hecho, deja claro que, a pesar de que la juez de paz, Gemma Blanca Chica, le da la posibilidad de presentar un recurso de apelación, prefiere no hacerlo y abonar los 50 euros que se le imponen como sanción económica, tras celebrarse un juicio de faltas. El fallo se basa en el testimonio de otro concejal, esta vez, Miguel Ruiz Durán, representante de IU en la Corporación local. Estas declaraciones, según la juez, dieron luz en un sesión en la que las dos partes dieron versiones totalmente contradictorias. Tras escuchar al testigo, la instructora cree que el edil independiente es autor de un delito de amenazas. Además de la pena económica establecida, el condenado también tendrá que hacer frente a las costas procesales.
Lo ocurrido fue comentado entre el resto de miembros de la política local, aunque se considera como un hecho aislado en la Corporación.