Con las escrituras en la mano después de 19 años
Han tenido que pasar dos décadas para que una quincena de vecinos de Mengíbar pueda ser, legalmente, los propietarios de sus casas.

Después de vivir 19 años en el “limbo inmobiliario”, ya han conseguido regularizar su situación y solo están pendientes de firmar.
Los hechos se remontan al año 1991, cuando fueron adjudicatarios de una vivienda unifamiliar en régimen de autoconstrucción, entre las calles San Juan y Santiago. El 4 de julio de 1996 se formalizó el contrato de compraventa con la entonces Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes (ahora, Fomento y Vivienda). El documento, según explica Juan Pedro Navarro, uno de los afectados, estipulaba que el Ayuntamiento, con autorización de la Junta, era el encargado de practicar la declaración de obra nueva, la división pertinente y los trámites necesarios para formalizar la escritura pública. A partir de ese momento, y de acuerdo con el contrato, se generó la obligación de pago de unas mensualidades en la entidad bancaria que determinara el Ayuntamiento. Sin embargo, hasta hace un mes, ninguno de los beneficiarios de las viviendas ha tenido comunicación alguna sobre dónde pagar los recibos ni propuesta de solución a su problema.
El 22 de marzo, el actual delegado de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, se comprometió a resolver el conflicto enquistado desde hace años. “A 28 de abril ya podía decir que había cumplido mi palabra”, defiende. Para hacerlo, se ha tenido que empezar el expediente administrativo desde el principio, es decir, retroceder en el tiempo 19 años.
Así, según los datos facilitados por Valdivielso, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ya dispone de los terrenos escriturados. El lunes, el Ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario para ceder la gestión de las escrituras, que por fin tendrán los vecinos. “En paralelo, hemos redactado la declaración de obra nueva y se mandará al registro de la propiedad, momento desde el cual se puede escriturar”, relata el delegado de Vivienda. Pero no solo eso. La Junta se reúne, uno por uno, con los afectados para analizar sus situaciones personales. Y es que no todos los casos son iguales. Algunos están en régimen de alquiler, otros tienen el dinero ahorrado para pagarlos. Los hay, sin embargo, que no disponen de las cantidades necesarias. Se les ha propuesto adherirse a los convenios que la Junta tiene firmados con entidades financieras. Valdivielso recuerda que las viviendas tienen un coste medio de unos 15.000 euros y que, con esta medida, se ahorran las comisiones y gastos de apertura. Soluciones a la carta para un problema enquistado.