Colaboración con otras comunidades sobre responsabilidad penal de menores

Así, el Parlamento ha apoyado por unanimidad la firma de un  convenio entre la Junta de Andalucía y los gobiernos autonómicos de  Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia,  Islas Baleares, La Rioja y País Vasco con el fin de establecer  fórmulas de colaboración y coordinación en materia de protección  civil y gestión de emergencias. Esta cooperación incluye el desarrollo de un modelo común de  peticiones de ayuda, confirmación de recursos, prestación de medios y  asistencia mutua en situaciones de riesgo, a través del dispositivo  de emergencias 112.
Junto con este convenio, el Parlamento ha aprobado, en este caso  con los votos de PSOE-A y PP-A, mientras que IULV-CA lo ha rechazado,  otro convenio de Andalucía con Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y  León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y La Rioja, con el fin de  facilitar la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores  infractores en una comunidad distinta de aquella en que tenga su sede  el Juzgado sentenciador.
Esta posibilidad se abrirá para aquellos casos en los que se  acredite que el domicilio del menor se encuentra en otra comunidad,  que la entidad pública competente carezca de plaza disponible  adecuada al régimen de internamiento o de medio abierto impuesto o  que sea necesario el alejamiento del entorno familiar y social. Los dos convenios aprobados se suman a otros ocho que la  administración andaluza ha firmado en los dos últimos años con  comunidades que han reformado sus estatutos de autonomía. Los ámbitos  de estos acuerdos son la protección de las víctimas de violencia de  género, el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y pesca  recreativa, la homologación de la formación de los profesionales de  tatuajes y 'piercings', el desarrollo de estrategias en materia  turística, el uso conjunto de instalaciones juveniles, el intercambio  de información sobre productos sanitarios a medida, la coordinación  en los programas contra incendios forestales y la definición de  estrategias comunes en turismo y política agraria.
Por otro lado, aprobó, con los votos de  PSOE-A y PP-A, mientras que IULV-CA se ha abstenido, la nueva Ley de  la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano fiscalizador de los  recursos públicos. 
La modificación de la ley, cuyo contenido fue consensuado en mayo  de 2010 entre PSOE-A y PP-A, contempla un cambio en la denominación  de la figura del consejero mayor, que pasará a ser presidente de la  Cámara de Cuentas, y la creación de una vicepresidencia, sin que esto  implique un aumento del número de miembros de esta institución.