Cinco días de plazo a Empleo para que remita copia 'auténtica' de 67 ERE

relativos a los ERE y ayudas sociolaborales de 67  empresas que están siendo investigados.  En un auto de 13 páginas, fechado el 17 de mayo y al que ha tenido  acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla,  Mercedes Alaya, critica que la documentación remitida --los  expedientes relativos a estos 67 ERE y ayudas sociolaborales-- por el  departamento de Manuel Recio, "en las condiciones en las que ha sido  enviada al Juzgado, resulta cuanto menos inaudita, pues la misma,  además de incompleta, carece del menor orden lógico o cronológico". 
Al hilo de ello, la juez instructora dice que tales "expedientes"  son "un cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos,  realmente impropios de cualquier órgano de la Administración", donde,  según prosigue, "existe siempre un 'iter' en la tramitación de  cualquier asunto, tanto más esperable en expedientes donde se  otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias". 
Por ello, y debido a que todo lo anterior "hace que el estudio de  dicha documentación sea enormemente complejo", requiere "nuevamente"  a la Consejería de Empleo para que, en cinco días, "remita copia  compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y  tramitados, o en otro caso manifieste al Juzgado detalladamente las  razones por las que las citadas actuaciones presentan el estado  descrito". 
No obstante lo anterior, "y como quiera que se continua con la  investigación iniciada pese a las dificultades descritas", la juez  pone de manifiesto que, "de los expedientes ya examinados, resulta la  necesidad de practicar" una serie de diligencias "a fin de comprobar  definitivamente los hallazgos obtenidos", en primer lugar en relación  a la empresa Samec (Manufactura del Corcho). 
Así, requiere a la Policía Judicial para que confirme la inclusión  como beneficiarios de una póliza suscrita con Apra Leven de Antonio  Polonio Correa y del ex secretario de Política Municipal del PSOE de  Camas (Sevilla) y ex concejal en el Ayuntamiento camero José Antonio  García Prieto, "los cuales no han trabajado nunca en dicha empresa,  debiendo remitir los certificados individuales de adhesión". Así,  insta a que "se compruebe si García Prieto es la misma persona que  estaba incluida también en la póliza suscrita para la empresa  Intersur y por la que cobraba 1.900 euros mensuales desde 2003". 
Por otro lado, y respecto a la empresa González Byass, requiere a  la Policía Judicial para que investigue el cargo o puesto que  desempeñó en esta empresa el ex consejero de Empleo Antonio  Fernández, imputado en esta causa, así como que se recabe la  filiación del personal directivo que había en la empresa en 1981,  "fecha en la que el ex consejero tuvo que pedir su excedencia", así  como en 1982 y 1983. Pide también investigar si "existió solicitud de  excedencia para el ejercicio de su cargo como profesor asociado en la  Universidad de Cádiz en 1981 y si se solicitó voluntaria o forzosa".  Además, la juez Alaya interesa que se informe sobre "si hubo  contestación de la empresa y recabar la misma", así como "si existió  solicitud de excedencia forzosa en 1983 por parte del ex consejero a  la empresa González Byass cuando pasó aquel a desempeñar el cargo de  concejal del Ayuntamiento de Jerez". La juez también exige que se  investigue "si han existido otras comunicaciones" por parte del ex  consejero a la empresa "sobre la continuidad o la prórroga de su  excedencia por nuevos cargos públicos y las contestaciones de la  empresa".