Cinco años desde que 12.000 jiennenses perdieron sus sueños

Y Jaén no se quedó fuera: más de 12.000 jiennenses tenían sus ahorros invertidos en una de las dos sociedades, una cantidad que asciende a los 40 millones de euros. De hecho, la provincia ocupaba el segundo puesto de Andalucía —solo superada por Almería— en volumen de negocio de Fórum. Mañana se cumple el quinto aniversario de la intervención judicial de las sedes de las dos filatélicas y de la que se ha llamado la “mayor estafa en la historia de España”. Conforme avanzan los meses, los afectados parecen tenerlo todo, cada vez, menos claro. Y entre esas incertidumbres, evidentemente, está la de si algún día recuperarán sus ahorros. En este tiempo, los clientes de Fórum son los únicos que han podido obtener el 10% de sus inversiones. 
Aquel mayo de 2006, rápidamente, los jiennenses afectados se movilizaron. Por una parte, se crearon plataformas para afrontar las denuncias —y posterior lucha— de forma conjunta. De hecho, se formó la Asociación de Afectados por Fórum de Jaén, que llegó a congregar a 4.000 personas. Por otra, las asociaciones de consumidores recibieron miles de casos que, aún hoy, llevan adelante. Ausbanc, por ejemplo, mantiene la defensa de en torno a 600 clientes en la provincia y 45.000 en toda España. José Luis Martos del Rey es el actual presidente de esta plataforma que se creó en 2006, que está representada, junto con otros afectados de España, por Aderta Abogados, un despacho de Pamplona. “Antes de la intervención había un clima de confianza, periódicamente se publicitaba la bonanza del negocio de los sellos. Empresarios y políticos incluso alababan estos negocios que, en numerosas ocasiones, fueron reconocidos con galardones”, explica. “Estas ideas las recogió recientemente una publicación de Cristina Caballero, Fórum-Afinsa. Sellos, estafas y dinero negro, de una forma bastante clara y directa”, afirma. “Hasta ese momento nadie alertó de que el mercado filatélico no daba para tanto. Además, ya se firmaban contratos con compromiso de rentabilidad y recompra, lo que ya suponía que era una transacción propia de una entidad financiera. Es por ello que creemos que la mayor responsabilidad fue de los diferentes gobiernos que, desde hace 30 años, no regularon el sector, a pesar de avisos como la memoria del Defensor de Pueblo que, en enero de 2006, ya dijo que se estaba actuando de forma negligente. Las sentencias que eximen al Estado de responsabilidad patrimonial supusieron, para ellos, un gran espaldarazo, según asegura.  
Otro punto de vista bastante diferente es el Ausbanc. Su delegado en Jaén, Pablo García, lo explica así: “Cinco años después de la intervención, lo único que está claro es que esta forma de actuación acabó con el mercado de la filatelia en España, que suponía para miles de familias normales, no especuladores, una forma de ahorro alternativa o paralela a la tradicional. Además de, por supuesto, dejarlas sin ahorros. Aún no se ha demostrado si era una estafa y no hay directivos imputados”. Solo, desde su punto de vista, hay sellos que no valen nada en un mercado inexistente. “En su momento, el Gobierno debería haber regulado el sector. De hecho, creemos que es responsabilidad patrimonial del Estado por la falta de control y regulación, que ya exigía la normativa europea”, detalla. Después de las sentencias en que se exime de esta responsabilidad al Estado, solo cabe esperar a que la vía penal, que aún da sus primeros pasos, dirima si hay delito —y por tanto es responsabilidad de los administradores— o no lo hay. “En este caso, se demostraría el gran error sobre la intervención judicial y el posterior derrumbe del negocio”, señala.
 
Operación Atrio
La Agencia Tributaria descubrió los primeros indicios del presunto fraude de Afinsa y Fórum a finales del año 2003 mientras se procedía a revisar los balances contables de los ejercicios comprendidos entre 1998 y 2001. El fraude supuestamente tenía una estructura piramidal y se apoyaba en la imposibilidad de retornar las cantidades depositadas por los inversores, con una retribución de intereses cercana al 6%. El 9 de mayo de 2006, nueve personas eran detenidas en Madrid y se procedía al registro de las sedes de las sociedades Afinsa y de Fórum Filatélico en el marco de una operación en varias ciudades españolas con la que la Audiencia Nacional pretendía desenmascarar una presunta estafa apoyada en inversiones filatélicas que dejaba bloqueados miles de millones de euros de pequeños ahorradores. Trabajadores, comerciantes, amas de casa y jubilados  no daban crédito a las noticias que indicaban que los fondos depositados desde hacía años en busca de una rentabilidad financiera eran inmovilizados judicialmente. Cientos de clientes jiennenses temerosos e interesados en retirar su dinero acudían a las oficinas de Fórum y de Afinsa.

¿Mercantil o financiera?
 La Audiencia Nacional decidió dejar en manos de los juzgados de lo Mercantil la administración de Fórum Filatélico y Afinsa. Sendos equipos formados cada uno por un inspector de la Agencia Tributaria, por un economista y un abogado asumieron la dirección provisional de ambas empresas. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, por otra parte, rechazó, el 5 de febrero del 2010, la responsabilidad patrimonial del Estado por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, por lo que no indemnizará a los más de 450.000 clientes. El tribunal consideró que no se puede imputar al Estado una falta de supervisión ni de regulación, ya que la inversión en sellos con garantía de rentabilidad era una actividad mercantil contemplada en la ley que escapaba al control de las autoridades financieras, lo contrario que sostuvo la Agencia Tributaria y que se mantiene en la vía concursal, donde se ha comenzado a liquidar ambas empresas.
El Tribunal Supremo eximió, en diciembre del año pasado, al Estado, de responsabilidad patrimonial por no vigilar la actividad de Fórum Filatélico y Afinsa. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo confirmó así el fallo dictado por la Audiencia Nacional. Sin embargo, los portavoces de los afectados recuerdan que fue precisamente el argumento de que se trataba de una actividad financiera lo que provocó la intervención del Estado. Si las empresas tenían un carácter mercantil, la contabilidad de las mismas era correcta, lo que no justificaría su intervención.

Devolución del 10%
Con fecha de 15 de enero de 2009, se aprobó el Plan de Liquidación a través de la vía concursal. Al amparo de esta resolución, se produjo, a partir de febrero de ese mismo año, un primer pago del 10% del crédito reconocido para todos aquellos acreedores de Fórum en los que no existía incidencia. Es lo único que han visto hasta ahora. Y los de Afinsa, ni siquiera eso.
Cinco años con la vista puesta en los tribunales y también en el Gobierno con el objetivo de recuperar toda o al menos parte de la inversión realizada. Una esperanza que se ha ido truncando a medida que pasaba el tiempo a raíz de las diferentes sentencias, aunque no termina de minar las ansias de seguir luchando.