Cierran para garantizar la seguridad de los residentes
No entienden qué pasa. Solo saben que deben recoger sus cosas, ayudados por familiares y trabajadores. Una semana extraña y de incertidumbre, en la que las caras de preocupación eran más que palpables. Durante todo el tiempo de tempestad no percibieron nada, porque así se encargaron sus cuidadores. El jueves, a las cuatro y cuarto de la tarde, se marchó el último de los 35 residentes del centro de mayores Los Higuerones, ubicado en el anejo Las Palomeras, de Jabalquinto. Cerró sus puertas por orden de la Junta, que abrió un expediente “muy grave” ante el riesgo de un desabastecimiento que afectara a los usuarios y por las deudas acumuladas por la empresa.
La residencia se clausura después de que el departamento de Igualdad, Salud y Políticas Sociales abriese el correspondiente expediente. Según explica la delegada, Teresa Vega, desde hace más de cuatro meses se inspeccionaba este centro por las dificultades de pago de nóminas que afrontaba y por las retenciones que tenía por deudas con la Seguridad Social. “La vigilábamos para que no se redujera la atención a los usuarios”, remarcó. Fue el 16 de octubre cuando recibieron una llamada al Teléfono del Mayor que aceleró todo el proceso. Además, Vega explica que tenían constancia de los embargos realizados por la Agencia Tributaria a la empresa se habían extendido, ya, a las aportaciones privadas, de manera que familiares de usuarios recibieron en sus casas una carta con la notificación. Se temía que se pudiera poner en peligro la prestación del servicio. “Nos desplazamos hasta la residencia —se realizaron inspecciones el lunes y martes de la semana pasada— y decidimos decretar un expediente por la situación grave”, relata Vega. Esta decisión se tomó el 21 de octubre y ayer, diez días después, se procedió al cierre “definitivo”.
La Junta dio un plazo de siete días, a contar desde el 23 de octubre, para realizar el traslado de todos los residentes que, según confirmó la delegada, han sido reubicados en centros de diferentes municipios, siempre teniendo en cuenta las preferencias de las familias. “Hubo una excelente colaboración de los trabajadores e, incluso, del empresario”, agradece Teresa Vega. La delegada explica que se había llegado hasta el punto de que el pago de los alimentos se hacía gracias al dinero de los usuarios, pero que en el momento que estos ingresos se embargaron, existía el peligro de desabastecimiento. “Vimos que era insalvable la quiebra económica de la residencia y ya iba a tener impacto muy fuerte en la prestación del servicio. Por eso, hemos intervenido en el momento preciso. Además, los trabajadores hacían esfuerzos por encima de lo que podían para que la situación no afectara a los residentes”, relata Teresa Vega.
De ahí la decisión, que pilló por sorpresa al empresario, los trabajadores y a los familiares. “Esperábamos que tarde o temprano cerraran, pero no que iba a ser tan rápido”, explica una de las extrabajadoras del centro, que ayer por la tarde, junto con sus compañeros, recogió la carta que la desvincula, definitivamente, de la empresa. Los empleados denuncian que los problemas comenzaron hace año y medio, cuando la empresa los reunió para comunicarles una bajada de sueldo para poder hacer frente a las dificultades económicas por las que atravesaba. El primer mes se cumplió pero, según la plantilla, que de una treintena se quedó en 17, a partir del segundo solo recibían la mitad de la nómina, prácticamente. Denuncian que las deudas acumuladas rondan entre los 7.000 y 8.000 euros por trabajador, en función de la categoría profesional.
“Así hemos ido a trabajar. Unos días mejor y otros peor, pero los abuelos no lo han notado, porque por encima de todo estaban ellos”, defienden. La situación era tan crítica, según ellos, que si hacía falta poner algo de comida de su bolsillo no lo dudaban, siempre por el bien de los residentes. “Hemos hecho lo que hemos podido. Los mayores siempre han estado bien atendidos, siempre dentro de nuestras posibilidades”, relatan, una vez que están realojados y que ellos emprenderán una nueva vida, porque la Junta les ha comunicado que el cierre es definitivo.
Fuentes de la empresa, sin embargo, niegan este extremo y aseguran que la medida es cautelar. Explicaron a Diario JAÉN, que el expediente comenzó ayer mismo y que, ahora, tienen un plazo de quince días para presentar sus alegaciones; reparos que el mismo martes llevarán hasta la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. La compañía argumenta que el acta de inspección la motiva una falta de abastecimiento de productos de limpieza y de comida y no el impago de nóminas. Es más, hace hincapié en que los empleados no presentaron denuncia alguna por no abonar las mensualidades. Sí reconoce, sin embargo, que algunos meses los ingresaron más tarde o con una reducción de cien euros, por ejemplo. También defiende que todas las semanas hacían pedido de la compra y que no existía tal riesgo de desabastecimiento detectado por la Junta y que motiva la clausura. Finalmente, lamenta haber llegado a este extremo tan radical ya que asegura que estaban negociando un aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social que habría ayudado a mejorar mucho la situación económica. Habían solicitado un aplazamiento para levantar el embargo y, así, disponer de dinero líquido y solventar la situación.