Choque de trenes a la vista
El desafío soberanista capìtaneado por Artur Mas tuvo su escenificación más teatral hasta el momento este pasado sábado, con el solemne acto en el Palau de la Generalitat en el que se dieron cita ochocientos alcaldes de novecientos veinte municipios catalanes para hacer frente común en pro de la consulta independentista del 9-N. Una ceremonia que sirvió también para ensalzar la unidad conseguida el viernes con formaciones políticas de diferente signo. El choque de trenes entre los gobiernos central y autonómico es inminente y no se atisba solución ni confianza en un entendimiento, al contrario. La ley de leyes rige todo el país y solo sobre esa máxima se puede y se debe avanzar. La postura catalana ahora es, al contrario, la de violar las instituciones en una inconcebible cerrazón por seguir adelante pese al mandato expreso del Tribunal Constitucional de paralizar el proceso emprendido.
No es de recibo que desde una autonomía se quiera imponer su voluntad al resto del país. La tensión avanza conforme se acerca la fecha en el calendario, y en esta situación se echa en falta un pronunciamiento claro y firme de la Unión Europea, que hasta ahora solo ha puntualizado que, en caso de independizarse, Cataluña dejaría de formar parte de ella automáticamente. Es preciso ir más allá y explicar en qué situación quedarían los ahorros de sus ciudadanos o cuál sería la postura del Banco Central comunitario, cuestiones de índole económica que nadie explica por intereses obvios. Mas se ampara en el calificativo de “hostil” para referirse al Gobierno popular, pero no hay que olvidar jamás, en un Estado de Derecho, que el diálogo solo florece sobre la legalidad. La Constitución no admite excepciones ni interpretaciones entre líneas.
No es de recibo que desde una autonomía se quiera imponer su voluntad al resto del país. La tensión avanza conforme se acerca la fecha en el calendario, y en esta situación se echa en falta un pronunciamiento claro y firme de la Unión Europea, que hasta ahora solo ha puntualizado que, en caso de independizarse, Cataluña dejaría de formar parte de ella automáticamente. Es preciso ir más allá y explicar en qué situación quedarían los ahorros de sus ciudadanos o cuál sería la postura del Banco Central comunitario, cuestiones de índole económica que nadie explica por intereses obvios. Mas se ampara en el calificativo de “hostil” para referirse al Gobierno popular, pero no hay que olvidar jamás, en un Estado de Derecho, que el diálogo solo florece sobre la legalidad. La Constitución no admite excepciones ni interpretaciones entre líneas.